A casi cuarenta días de su segundo mandato, la presidenta de Brasil, Dilma Ruosseff, se encuentra acosada por la corrupción que "humilla a los brasileños honestos y debe ser extirpada", según expresó en su mensaje de reasunción, el mes pasado. La mandataria sabe que esta pesada carga le impide concretar sus promesas de transparencia y equidad que la llevaron a la reelección, ante un descreído electorado.
A diferencia de otros países, Dilma viene depurando con rigor a su equipo: 39 funcionarios denunciados por corrupción están siendo procesados por la Justicia y se cierra el cerco sobre decenas de políticos aliados del Gobierno. Se estima que la red de corrupción movió unos 4.000 millones de dólares en la última década durante la gestión del expresidente Lula da Silva y el primero de Rousseff.
Pero lo que golpea ahora duramente a Dilma es el escándalo de Petrobras que precipitó la renuncia de la titular de la petrolera estatal, María da Graça Foster y cinco miembros del directorio por hechos pocos claros que impidieron a la compañía presentar en tiempo y forma el balance del tercer trimestre del año pasado. Se descubrió una sobrefacturación de obras y servicios que llevó a sobrevaluar los activos de la petrolera involucrando a bienes tasados en 34.000 millones de dólares.
Desde que se destapó el escándalo por coimas en Petrobras, la lucha contra la corrupción es el mayor desafío de Dilma. La inversora más grande de Brasil irrumpió en el centro de una trama oscura que involucra a un conglomerado de las principales empresas constructoras del país, que pagaban millonarios sobornos a cambio de contratos. El dilema es encontrar al sucesor de la ingeniera Graça Foster que debe ser altamente calificado para remar en el complejo sector petrolero.
Dilma busca salir rápidamente de este laberinto que le impide ir hacia las metas del crecimiento y elevación de la productividad económica, esgrimidas en octubre pasado para vencer a Aécio Neves con un escaso 3% de los votos. Ahora debe sortear el temporal con un ajuste en las cuentas públicas sin dañar el gasto social y dar confianza para la inversión y el ahorro interno.
Durante el primer mandato de Rousseff, la economía brasileña tuvo un franco deterioro al pasar de un crecimiento de 7,5% del PBI en 2010 a una previsión cercana a cero el año pasado, mientras la inflación cerró en noviembre 6,56%, lejos del cálculo oficial del 4,5 por ciento. El reto está planteado.