A fines de mayo, en una similar ceremonia de graduación en Annapolis, un Obama avergonzado prefirió dirigirse a los cadetes sobre una guerra más doméstica y deshonrosa que carcome la confianza en las Fuerzas Armadas, el abuso sexual, una lucha para la que todavía no se han encontrado las armas adecuadas.
Pese a una política de "tolerancia cero” pregonada en los últimos 20 años por los altos mandos militares, el abuso sexual es un fenómeno creciente, en parte porque no ha sido tratado como tema criminal, sino ético e interno; no existe una cultura de la denuncia por temor de las víctimas a arruinar sus carreras; y porque son los militares los que imparten justicia, bajo la excusa de que deben mantener la disciplina y la obediencia.
Políticas de castigo inapropiadas y educación ineficiente han disparado el fenómeno. El 7 de mayo, un informe del Pentágono ilustró que 26.000 miembros del servicio militar fueron agredidos sexualmente en 2012, frente a 19.000 en 2010. Solo 3192 casos fueron denunciados el año pasado y de ellos un 10% fue procesado, mientras que uno de cada tres delincuentes sexuales condenado permaneció en el servicio. A todas luces, un alto grado de impunidad convertido en un ineficaz mecanismo de disuasión para los agresores.
Hasta ahora, las máximas autoridades militares se han mostrado defensivas al enfrentar el problema. La semana pasada, en una audiencia ante el Comité de Servicios Armados del Congreso, no informaron sobre políticas concretas contra los delitos sexuales, sino que defendieron su potestad para ser ellas mismas las que deben administrar justicia ante casos de abuso sexual en sus jurisdicciones, como es regla actual.
La defensa corporativa trata de neutralizar nuevos proyectos de ley -tardíos por cierto- para modificar el Código de Justicia Militar, estipulándose que la decisión sobre las acusaciones no quede en manos de los superiores de la víctima, sino de fiscales militares independientes; además de establecer otras reglas sobre cómo manejar denuncias de violaciones, acoso y delitos sexuales menos graves.
Otra audiencia en el Congreso de ex militares víctimas que relataron como fueron violadas y luego ignoradas cuando denunciaron los hechos ante sus superiores, motivó los proyectos de ley que contemplan castigos, degradación, la baja del servicio, así como sustituir el actual sistema de justicia militar para este tipo de abusos.
En momentos que las mujeres son admitidas en el frente de batalla -donde se comenten muchas agresiones sexuales- y desde que los homosexuales son admitidos sin restricciones, es importante que las políticas no sean simple retórica, sino elementos de acción y prevención determinados. Hasta ahora la "’tolerancia cero”, que incorporó Obama a su discurso, fue parte de una campaña de relaciones públicas para detener las críticas y encubrir estos delitos.
Lo importante del informe del Pentágono y de las audiencias en el Congreso, más allá de lo que pronto se determine en materia de justicia y conducta militar, es que se está creando una cultura de la denuncia. Sobre todo, se está incentivando una mayor transparencia, instaurando posibilidades para que haya reparaciones justas para las víctimas y creando nuevas armas para disuadir y expeler de las filas castrenses a los agresores.
La disciplina y obediencia militar, valores que defienden los altos mandos militares, nunca deberían justificar el encubrimiento o a la falta de justicia.