Distintos especialistas que estudian las operaciones de los narcotraficantes y del negocio de la droga, han advertido acerca de un recrudecimiento de los ilícitos por un evidente relajamiento de los controles, en particular fronterizos, y una mayor pasividad oficial en las principales áreas de consumo.
El crecimiento del tráfico ilegal de diferentes alucinógenos es un hecho registrado prácticamente a diario en la crónica policial, como también de la drogadicción asociada al estado de inseguridad que nos aflige. Pero, además, existen otras evidencias que cierran un circuito preocupante por la inacción de quienes están obligados a combatir el flagelo.
Esto último se advirtió en el transcurso de una charla sobre narcotráfico y sociedad, realizada en la Universidad de Palermo, donde los expertos pusieron énfasis en alertar sobre una mayor penetración de drogas en la Argentina. El debate fue coordinado por el juez Luis Losada, integrante del Tribunal Oral en lo Penal Económico N¦ 2, de la Capital Federal, quien sintetizó un cuadro alarmante constituido por la radicación de personas vinculadas con narcotraficantes, la aparición de casos de corrupción policial, la proliferación de la venta al menudeo, una mayor tolerancia al consumo de marihuana, y la ausencia de políticas de prevención.
Por otra parte, existe vulnerabilidad fronteriza, en particular en el norte del país, debido a la ausencia del equipamiento adecuado para verificar con scanners las grandes cargas y la ausencia de radares contra vuelos clandestinos. Se suma el desplazamiento de miles de efectivos de Gendarmería desde zonas limítrofes hacia el conurbano bonaerense, como estrategia de campaña por las medidas contra la inseguridad que reclama la población.
Los vuelos ilegales, que aterrizan o lanzan droga en descampados, son cada vez más frecuentes y también llegan mucho más al Sur. Se han descubierto maniobras de aeronaves narco en los alrededores de Rosario y en el Norte de Buenos Aires, dentro de más de 800 incidentes de tráfico aéreo irregular, detectado por la Fuerza Aérea Argentina desde julio de 2011. La Gendarmería, por su parte, ha verificado 242 casos de aviones que ingresan drogas y desplazamientos de narcos que arman sistemas de postas de reaprovisionamiento de combustible para esas aeronaves.
Además de existir vacíos legales en la Argentina, caso de una ley que permita el derribo de aviones sospechosos como tiene Brasil desde 2004, no hay voluntad política para terminar con esta inoperancia que lleva a la impunidad.