Las declaraciones del padre Juan Carlos Molina, titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) afirmando que si dependiese de él habilitaría el consumo de todo, "porque es la única forma que tenemos de luchar contra el narcotráfico”, han generado polémica y réplicas encontradas.
Más allá de la prudencia con que suelen expresarse los religiosos, Molina es un funcionario nacional y, presupone ser cauteloso ante la legislación que debe respetar puntillosamente mientras se desempeñe en sus funciones y hasta que se modifique, como se estudia en el Congreso. Tampoco el papa Francisco es partidario de una despenalización masiva, como lo propone el sacerdote responsable del organismo gubernamental.
Recordemos que ley castiga con prisión de uno a seis años y multa la tenencia de drogas, y la penalidad se reduce de un mes a dos años de cárcel cuando se considera que el estupefaciente era destinado al uso personal. Precisamente el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, al ratificar la posición del padre Molina, anticipó que se están analizando dos iniciativas para modificar la norma vigente que penaliza el consumo.
Si bien es absurdo criminalizar a un adicto, y para eso está la Sedronar a fin de buscar estrategias destinadas a recuperar a quienes han caído presa de las adiciones e insertarlos en la sociedad, sorprenden las declaraciones de Molina por temerarias y carentes de rigor científico. No todas las drogas son iguales y se diferencian por la adictividad que generan, el efecto que producen y el grado de deterioro físico, mental y neurológico que pueden crear en el individuo.
Por otra parte, el pensamiento político del oficialismo, en este caso desde la Sedronar, con respecto a la drogadicción no expresa cómo podría ser esa liberalización irrestricta, porque una cosa es establecerla para que el adicto pueda ser atendido en una clínica o por la familia, si disponen de recursos y otra es el caso en un medio pobre, donde la familia está ausente y tal vez sea parte del negocio del Paco.
Según un estudio de la Universidad de San Martín, más de 200.000 jóvenes del conurbano bonaerense no estudian ni trabajan y, cuando la droga es una oferta cercana el futuro está definido.