En nuestra provincia, la mayoría de los barrios construidos por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), se basan en planos debidamente aprobados que contemplan espacios verdes, playones deportivos y lugares para el estacionamiento de vehículos. Pero de un tiempo a esta parte, muchas de esas áreas comunes han sido utilizadas por algunos particulares para construir indebidamente, ya sea ampliaciones de viviendas, o nuevas dependencias como cocheras cerradas, a pesar de que perjudican a vecinos porque no están previstas para eso.
Las obras clandestinas alteran el desarrollo urbanístico, vías de acceso y escape, y el espacio necesario para evitar el hacinamiento del complejo habitacional. Esta práctica, terminantemente prohibida, se está haciendo cada vez más usual, tanto en barrios ubicados en nuestra ciudad como en los departamentos aledaños, y también en los más alejados, inclusive en pequeños núcleos levantados en la zona rural.
El hecho de que a los municipios no les corresponda controlar esas construcciones, ni actuar en caso de una denuncia por parte de las uniones vecinales o vecinos perjudicados, y la escasa participación de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano de San Juan, hacen que esta costumbre se esté extendiendo de manera irresponsable gracias a la impunidad normativa, porque nadie parece detenerla. Por su parte, el IPV, que también debería velar para que no se efectúen modificaciones en los planos originales sin la debida autorización, después de un tiempo considerable se desliga de todo control y deja liberado el lugar.
Ante una denuncia concreta al IPV o Planeamiento y Desarrollo Urbano, correspondería elevar las actuaciones a los respectivos Juzgados de Faltas, quienes deberían disponer que los organismos oficiales controlaran la construcción, y de no respetar las normas vigentes suspender de inmediato la obra. Pero sucede, en muchos casos, que las denuncias se formalizan cuando la obra ya está terminada, entonces se ingresa en un terreno en el que los funcionarios prefieren evitar la intervención.
Más allá del problema urbanístico, estas construcciones provocan malestar en el vecindario, motivando disputas que muchas veces terminan con agresiones, alterando la convivencia en una comunidad afectada por el cuadro de indefensión.