La democratización de los gobiernos universitarios en Chile, con participación activa de estudiantes y trabajadores de las casas de estudios superiores, se encamina a ser una realidad para dar cumplimiento a uno de los reclamos históricos de los movimientos de las organizaciones vinculadas a la educación en el país vecino.
También fue una promesa electoral durante la campaña de Michelle Bachelet, formulada a la Confederación Nacional de Estudiantes de Chile (Confech), que puso a esta apertura como condición para sumarse al proceso de diálogo ciudadano por la reforma educacional que ha convocado el Palacio de la Moneda. El proyecto de ley firmado por la presidenta, el jueves último, prevé la derogación de un antiguo decreto ministerial que prohibe a los estudiantes, funcionarios y académicos participar con derecho a voto en el gobierno de las universidades transandinas.
Bachelet definió a este cambio como "un acto de justicia” para la participación de los estudiantes de la educación
superior en sus instituciones. La medida protege también la libertad de asociación de todos los miembros de las comunidades estudiantiles, estableciendo que en ningún caso los estatutos internos de una universidad, instituto profesional o centro de formación técnica puedan prohibir la libre organización de sus estudiantes y del personal administrativo.
Debe recordarse que los reclamos por una educación gratuita y universal, así como también la participación del estudiantado en la conducción universitaria, fueron motivos de violentos disturbios durante el gobierno anterior, en virtud de las normas restrictivas heredadas de la dictadura pinochetista.