Carolina Granja (*) y Damián Pertile (**),
(*) Magíster en Gestión política, Esp. en Derecho Judicial y de la Judicatura, Lic. en Comunicación, abogada.
(**) Docente Universitario, abogado, escribano, Lic. en Relaciones Públicas, Esp. en periodis
Los medios de comunicación nos envuelven hoy en las elecciones primarias, manteniéndonos perplejos frente a las chances de uno y otro candidato, las eventuales alianzas electorales, los detalles discursivos de aquí y de allá; más nada se dice sobre las profundas modificaciones que marcarán las relaciones jurídicas de los argentinos, ante la inminente entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial.
En definitiva, forma parte de lo que la programación del contenido mediático o agenda setting nos muestra; ya lo señalaba Bernard Cohen (1962): "la prensa quizás no sea eficaz en decirle a la gente cómo pensar, pero es asombrosamente exitosa en decirle a sus lectores en qué pensar”. Ahora bien, un Código con un importante impacto social está presto a ser aplicado; en los tribunales del país se realizan foros de debate jurídico, existen encuentros abogadiles donde se estudian las posibles implicancias inmediatas. Pero, ¿alguien le comentó al actor principal de este gran cambio normativo que sucederá con su vida de relación de aquí en más?, ¿cuánto se le informó a ese ciudadano que convive, se casa, se divorcia, procrea, hereda, se endeuda, dona, contrata o fallece?, ¿sobre quiénes debería recaer esa necesaria tarea de informar, instruir o educar en derechos?
El Estado pareciera haberlo dejado en un segundo plano, y los medios de comunicación, haberle dado mayor cobertura periodística a la discusión del proyecto que modificó nuestro Código Civil, que a su implementación misma.
Hay una realidad: el Estado a través de un gobierno y sus distintas funciones, al diseñar y gestionar políticas públicas debe garantizar también su difusión a lo largo de todo el proceso; más aún cuando aquéllas tienen un impacto decisivo en la vida social. Bien sabemos, por ejemplo, que si existe una campaña de vacunación infantil, desde el Ministerio de Salud se invertirá en publicidad para difundir dónde y cuándo los padres o tutores deberán llevar sus niños a vacunar. Sin esa necesaria difusión, la política pública estratégicamente diseñada, indudablemente no encontraría el éxito esperado. Trasladémoslo a los recursos informativos con que cuenta cada ciudadano frente a la inminente aplicación del nuevo Código Civil.
La discusión excede a si se está o no de acuerdo con esta reforma, pues lo cierto es que se trata de una ley y como tal se presumirá conocida por todos, aunque a nadie se haya informado mínimamente al respecto. Claro está, siguiendo el razonamiento que aquí se pretende exponer, que es el Estado en sus diversas órbitas quien debe velar por una difusión clara de las modificaciones normativas básicas, aptas para guiar jurídicamente las relaciones sociales. Para ello es preciso educar en derecho, o en los nuevos derechos, obligaciones y responsabilidades ciudadanas, si se quiere; lo cual no significa pretender transformar un ciudadano común en un experto jurista, sino más bien, mínimamente programar espacios mediáticos o "micros” (con pauta publicitaria) de breves minutos donde se explique a grandes rasgos y en un lenguaje llano y apropiado para una correcta comprensión, acerca de los principales cambios y cómo éstos repercutirán en cada realidad. Velar por ello es responsabilidad del Estado, aunque no exclusiva ni excluyente, dado que los medios masivos de comunicación deben acompañar en ese proceso, no sólo como portavoces informativos sino también como propulsores de dudas e inquietudes ciudadanas, como canales eficientes de verdadero diálogo entre mandatarios y mandantes sobre "la cosa pública”.
Marcados esfuerzos comunicacionales se han desplegado para legitimar la reforma en cuestión, más ello no debe dejarse abandonado allí para ser tomado por quien quiera o pueda interpretarlo en la medida de su propia necesidad. Es un imperativo y clamor de nuestros tiempos: la existencia de una planificación comunicacional estatal capaz de formar ciudadanos en el apropiado uso de las herramientas que el Derecho ha diseñado, partiendo de la noble pretensión de adecuar la normativa a aquellos cambios que previamente se han insertado en nuestra propia cotidianidad familiar y social.