El aroma a libertad de la "primavera árabe\'\' se ha mezclado en Egipto con sangre y represión. Otra vez la Plaza Tharir, en El Cairo, es el escenario de duros enfrentamientos entre miles de manifestantes, policías y militares. También estallaron protestas en Alejandría, Suez y Port Said. La indignación popular tiene como objetivo ahora a los propios militares, personalizados en quien fuera por 20 años ministro de Defensa de Mubarak, el actual jefe de Gobierno interino, Mariscal de Campo Mohamed Hussein Tantawi, que encabeza el Consejo de las Fuerzas Armadas.

En menos de dos semanas, Egipto celebrará sus primeras elecciones democráticas en 60 años, gracias a la renuncia forzosa de Mubarak, el pasado 11 de febrero, tras 29 años de dictadura. Los egipcios eligen Parlamento, pero la democracia no se palpa, salvo en la lucha de los partidos y los activistas para tratar de salvar los principios de la revolución del 25 de enero. La muerte de 25 participantes coptos en una manifestación, reprimida a golpes, disparos y atropellos por las fuerzas de seguridad, el 9 de octubre, parece marcar un punto de no retorno que alimenta la desesperanza y subraya la impunidad del Ejército.

El Parlamento electo deberá elaborar una Constitución, pero los militares quieren mantenerse en el gobierno hasta las elecciones presidenciales, que ni siquiera tienen fecha. La Junta Militar que gobierna de facto, camuflada como Gobierno interino, parece estar forzando su permanencia en el poder mediante maniobras que buscan allanar el camino para mantener los privilegios otorgados por el dictador. Lo hace en el plano político, tratando de imponer unos principios supraconstitucionales a la comisión que redacte la Carta Magna, para asegurar sus prebendas; en el social, a través de acciones represivas que recuerdan demasiado a las del depuesto régimen, del que las Fuerzas Armadas fueron el pilar principal.

Desde la revolución que acabó con la monarquía en 1952, todos los presidentes procedían de las filas militares. Las torturas a civiles bajo custodia, que nunca antes habían sido constatadas, han aumentado desde el fin de la revuelta, igual que los juicios militares a civiles, que suman 12.400 desde febrero pasado. La pulseada instalada entre dirigentes y la ciudadanía, recién empieza, aunque el final sigue siendo incierto.