Ignorando los insistentes reclamos de Europa, China ejecutó a un ciudadano británico de 53 años condenado a muerte por tráfico de drogas, reflejando de este modo la habitual desconfianza de Pekín respecto de cualquier interferencia extranjera y su resistencia a la presión de Occidente.
En el pasado China ha perdonado a prisioneros o los liberó ante la presión internacional, particularmente aquellos acusados de espionaje político o económico. Pero por la creciente influencia global en el terreno económico y político, China parece más dispuesta a ignorar las quejas de Occidente sobre su sistema judicial y su política de derechos humanos. Hace poco, un tribunal condenó al disidente Liu Xiaobo a 11 años de cárcel, acusado de "’subversión” por haber exhortado a la democratización de China. Para los grupos de derechos humanos, fue un claro mensaje a Occidente.
La acusación de tráfico de drogas contra el ciudadano británico transformó el incidente en un caso sensible en China. Los nacionalistas afirman que las potencias europeas, especialmente Gran Bretaña, fomentaron el consumo de opio entre una población inocente en el siglo XIX, después de que el país fue obligado a abrir sus fronteras al comercio europeo. La erradicación del uso del opio fue uno de los legados fundamentales del Estado comunista, y los nacionalistas siempre usaron la introducción de la droga como prueba de la nefasta influencia extranjera. En la actualidad, las duras penas al consumo y la venta de drogas también son reflejo de su obsesión por mantener la ley y el orden en medio de un arrollador cambio social.
Pero más allá de esta demostración de poderío y fuerza, la ejecución capital es siempre una opción condenable desde el punto de vista de la dignidad humana y del orden moral.