El caso de Calderón y Zurita, demandados por el presidente Correa por 10 millones de dólares y por una ministra del Gobierno, demuestran cómo los periodistas de investigación son perseguidos judicialmente en Ecuador. La libertad de prensa no existe para aquellos que quieran disentir u opinar diferente a los que piensa el Gobierno.

Por suerte, el libro, ya convertido en un clásico del periodismo, por la rigurosidad y valentía de los autores para denunciar la corrupción, sirve como manual de periodismo de investigación.

Fui precedido en la palabra por Lousteau quien dijo que el mayor engaño para la democracia ecuatoriana es la corrupción y la falta de independencia del Poder Judicial. El autor del libro dentro de sus conclusiones, después de exponer detalles de la investigación, dijo que como nunca antes se necesita del deber de los periodistas investigativos en América latina, de su valentía, para exponer la corrupción.

Por mi parte, al corresponderme hablar del contexto de la libertad de prensa en el Ecuador, dije que es importante que los periodistas y la gente no quede con la apreciación de que la libertad de prensa les pertenece a los medios y periodistas. Dije que si la gente no comprende que es un derecho inalienable el derecho a saber, y cuando se permite que los periodistas sean acosados como en Ecuador, se está permitiendo que se deteriore la democracia. Lamentablemente Correa está haciendo del Ecuador donde la libertad de prensa, y por ende la democracia, no se respeta ni valora, una dictadura implacable.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de pedirle oficialmente a su gobierno explicaciones por las represalias tomadas públicamente contra periodistas y activistas de los derechos humanos ecuatorianos que el 25 de octubre pasado acudieron a las sesiones ordinarias de esa institución, convocados a declarar durante una audiencia dedicada a la libertad de prensa.

Luego de esa audiencia, quienes participaron fueron escrachados e insultados en las cadenas de radio y televisión del gobierno, en una muestra más de intolerancia contra quienes opinan y piensan diferente al discurso oficial. Es evidente que estos ataques no son más que formas directas de intimidación en busca de la autocensura en los medios.

Correa está cada vez más expuesto a la opinión internacional y es el mejor servicio que esos periodistas, los activistas de derechos humanos y la CIDH pueden hacer a favor de la libertad de expresión. Nadie debiera tener miedo a expresarse libremente y el Gobierno tiene prohibido, por la Constitución, tomar represalias en contra de quienes opinan diferente.

Correa viene dando muestras de arrogancia e intolerancia, desde los juicios millonarios que interpuso contra periodistas y medios, hasta cuando se abrió la camisa para que le peguen un tiro en el pecho durante la rebelión militar. Debe tener en cuenta que en algún momento sus propios dichos le estarán jugando una mala pasada; hay quienes ya deben estar acumulando mucha evidencia sobre sus insultos y difamación, para pagarle con la misma moneda a sabiendas de las razones valederas del refrán de que por la boca muere el pez.