La actividad del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) se ha tornado insostenible en cuanto a los datos que aporta sobre la evolución de la economía y, en particular, de los precios de productos de consumo masivo y de servicios, que no se compadecen con la realidad que afronta la población.

Las últimas cifras oficiales referidas a la inflación en el país, durante el año pasado, podrían considerarse como el corolario de una serie de desaciertos marcados por la subestimación de los números que golpean al poder adquisitivo de los argentinos y con mayor impacto en los sectores más desprotegidos. Declarar que hubo un 10,9% de inflación en 2010, contra cálculos de analistas privados de entre 22,9 y 27% para ese período, no admite los justificativos políticos que determinaron la manipulación de los registros desde que el INDEC fuera intervenido.

La evolución de los precios durante 2010, fue consecuencia principalmente de las subas en los alimentos, a raíz del déficit de oferta de algunos productos como la carne vacuna y por la actualización de las tarifas de diversos servicios privados, como la medicina prepaga, los gastos ligados al esparcimiento, las expensas y las subas de los combustibles, según afirman los economistas. Pero también se debe estimar la situación macroeconómica, donde se observa al aumento de la emisión monetaria destinada a financiar al sector público, entre las razones de mayor peso.

Los informes del INDEC ni siquiera parecen ser creíbles por el propio Gobierno nacional, ya que la inflación acumulada de 2010 quedó lejos de la inflación estimada en el Presupuesto Nacional del 6,7%, para ese período fiscal. De allí que se hayan autorizado aumentos salariales compatibles con los cálculos privados de la evolución de los precios.

Otra razón es que el Poder Ejecutivo dispuso solicitar ayuda al Fondo Monetario Internacional (FMI), que ya envió una misión al país y recabó información al organismo estadístico. Ahora el FMI espera volver en abril próximo para presentar las recomendaciones destinadas a crear un nuevo índice de precios y otros ajustes para devolverle la confianza a los informes estadísticos oficiales.

El interrogante que surge es si el gobierno argentino aceptará las sugerencias del Fondo por el costo político que esto significa, después de haber condenado reiteradamente sus "'recetas'', o rechazarlas y recibir las sanciones previstas en el artículo 8 de la Carta Orgánica para los países que no presentan al FMI estadísticas fiables.