El ministro de Economía de la Nación ha confirmado en Washington, en la última reunión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, que el cuestionado relevamiento de precios que se realiza en el área metropolitana será reemplazado por uno nacional y, además, se usará para actualizar los bonos ajustados por inflación.

Las afirmaciones de Amado Boudou, adelantaron un giro sustancial para devolverle la credibilidad al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) tanto por la nueva metodología como por la aceptación de la asistencia del FMI. Esto implica fortalecer la imagen del país, ya que un 24% de los bonos de la deuda pública indexada por el indicador CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia), será ajustado por la nueva marcación. Es decir, Boudou anunció la decisión de respetar el nuevo indicador para todos los contratos del país, una cuestión que el INDEC negaba.

Esto no sorprende, porque desde enero de 2007, cuando irrumpió en el INDEC el polémico secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, desplazando a funcionarios clave del área de medición de precios, los datos oficiales se ubican muy por debajo de las mediciones privadas. Esto facilitó al gobierno ahorrar millones de dólares en concepto de intereses de la deuda pública a tenedores de bonos indexados por el índice oficial.

El año pasado, el ente reportó una inflación del 10,9%, mientras que para los economistas privados alcanzó 25% y nada parece haber cambiado hasta marzo último, según el informe oficial de un alza de precios de 0,8% durante ese mes, contra las estimaciones de consultoras independientes que se ubicaron hasta 2,5%, con un arrastre del 2,3% para el primer trimestre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos del conurbano.

La situación económica latinoamericana es observada con atención por las autoridades del FMI, porque si bien la región se está beneficiando con la suba mundial de los precios de los alimentos y del petróleo, advierten que si la inflación se acelera -caso de la Argentina- podría comprometer el crecimiento afectando el nivel de empleo. El enorme gasto público y las políticas de subsidiaridad junto a una escalada inflacionaria, podrían constituir una situación complicada si no se corrigen ahora esas irregularidades.