El anteproyecto del nuevo Código Penal, que de ser aprobado por el Congreso, reemplazaría al actual que data de 1921, está cosechando más críticas que aceptación por parte de notables penalistas. Todas las condenas serán de cumplimiento efectivo pero se introducen para los delitos, las llamadas "’penas alternativas” a la prisión; a saber: detención domiciliaria, detención de fin de semana, obligación de residencia, prohibición de residencia y tránsito, prestación de trabajos a la comunidad, cumplimiento de las instrucciones judiciales y multa reparatoria.
En el art. 31 se establece que "’el juez podrá reemplazar parcial o totalmente, por penas alternativas, cualquier pena de prisión que no exceda de tres años”. Si la pena de prisión va de 3 a 10 años como máximo, "’se podrá aplicar una pena alternativa después del cumplimiento de la mitad” de esa condena. Y si la pena de cárcel es mayor a 10 años, el reemplazo será aplicable "’después de cumplidos los dos tercios”. Además, se elimina la pena perpetua y se fija la condena máxima en 30 años.
Siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema en la materia, se despenaliza la tenencia de droga para consumo personal, pero se agrega el cultivo para el mismo fin. Se establecen criterios de insignificancia para determinados delitos y se elimina el Registro de Reincidencia. Entre las mayores curiosidades del anteproyecto está la de que podrá haber exención y reducción de la pena "’cuando el agente fuere parte de un pueblo originario, el delito se hubiere cometido entre sus miembros y hubiera sufrido una sanción conforme a sus costumbres” o "’cuando la conducta fuere conforme a la respectiva cultura originaria” con la salvedad de "’delitos contra la vida, la integridad física o la integridad y libertad sexual, cuya impunidad importare una grave lesión a la dignidad humana”.
Cabe aclarar que en este caso, el "’agente” es el delincuente. Este artículo parece establecer la creación de clases diferenciadas de ciudadanos, contrario al espíritu republicano y democrático. Es grave que se permita a quienes formen parte de comunidades originarias ser juzgados de acuerdo a sus costumbres. Esto resulta discriminatorio y además, se olvida que la ley debe aplicarse a todos los habitantes sin excepción.
El anteproyecto aunque está terminado, será entregado a la Presidente recién en febrero. En caso de aprobarse, se demostrará una vez que el abolicionismo gradual de las penas es una realidad efectiva y que la ciudadanía vivirá más desprotegida de lo que está en la actualidad.