El atentado a la sede porteña de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), uno de los más devastadores ataques terroristas en nuestro país, cumplirá mañana veinte años sin que conclusiones precisas sobre el móvil y los autores de esta agresión que dejó 85 muertos y unos 300 heridos, tanto de miembros de la comunidad judía, la más numerosa de América latina y de otros inocentes que se encontraban en el lugar.
Si bien en octubre de 2006 los fiscales Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos acusaron el gobierno de Irán de planificar el atentado y a Hezbollah de ejecutarlo con un coche bomba y un año después Interpol aceptó esas conclusiones y dispuso la captura de los siete exfuncionarios iraníes y un miembro del grupo libanés, en un todo de acuerdo con la Justicia argentina, el gobierno de Teherán se han negado reiteradamente a acatar el fallo.
También han interferido cuestiones políticas, como el polémico memorandum de, acordado por ambos gobiernos para resolver el hecho, pero que no sólo fue duramente criticado por la opinión pública sino que en mayo de este año fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal. Ahora el juez federal Ariel Lijo llamó a declaración indagatoria al presidente de la Cámara de Casación bonaerense, Federico Domínguez, relacionado con el presunto encubrimiento de la pesquisa para determinar quiénes fueron los responsables del atentado y qué apoyo local recibieron. Domínguez fue abogado de uno de los policías bonaerenses investigados por la "conexión local” del ataque contra la AMIA, fue citado para el 6 de agosto venidero en otra etapa de este increíble proceso de involucrados que está lejos de una verdad absoluta.