La partida total de gastos en personal de la administración pública nacional se elevó un 160% en los últimos cuatro años, y en un 181% los contratos temporarios. En el lapso de 2009 a 2013, el presupuesto en sueldos estatales aumentó en 43.349 millones de pesos, según cifras oficiales. En 2009 se gastaron 27.038 millones, mientras que en el presupuesto 2013 se prevén pagar 70.387 millones.
De ese modo, el salto será de 160%, un porcentaje que supera ampliamente a la inflación acumulada en el período, calculada por consultoras privadas. En tanto, el gasto en personal con contrato temporario por un año, que puede ser renovado, resultó de 2.396 millones en 2009 y se estima que será de 6.730 millones para todo 2013, es decir 181% más. La erogación en personal de planta permanente alcanzó en 2009 los 24.642 millones y se calcula en 63.358 millones para 2013. La masa salarial en términos nominales trepó 157%, de acuerdo a un estudio de auditores oficiales del Estado especializados en el análisis del Presupuesto, que edita la Administración de Personal de Organismos de Control.
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), indica que en 2012 se estancó el empleo privado por la desaceleración económica, mientras que subió el empleo público un 4% más, por lo que entre 2009 y 2013, el empleo en el Estado fue una constante. Esta suba obligó al Tesoro a financiarse con préstamos del Banco Central, de la Anses, y del PAMI, entre otros organismos, y con emisión monetaria, lo cual repercutió en la escalada inflacionaria.
Se estima que la planta permanente supera los 400.000 agentes y los 52.000 contratados en forma temporaria, de los cuales la mitad podría corresponder a estos últimos diez años. El informe del INDEC señala que por el estancamiento del empleo privado, el sector público incorporando a planta permanente y tomando gente en 2012 y pasó de 1.477.760 a 1.541.146. o sea 63.386 nuevos agentes. El balance general acusa 6,3 millones de empleos privados, 3 millones de estatales, 1,4 millones de monotributistas y 400.000 autónomos.
Moderar los gastos y gestionar de manera prudente los recursos es un deber del Estado no sólo para evitar inquietudes en las finanzas públicas, sino también para dar un ejemplo de sobriedad a la sociedad.