La solidaridad no debe conocer límites geográficos ni fronteras. Lo ha demostrado la sociedad argentina para quienes son víctimas del flagelo de las inundaciones en la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires. Las fuertes lluvias han provocado una verdadera catástrofe con costo de vidas humanas, pérdidas materiales inmensas, interrupción de servicios indispensables como electricidad, comunicaciones y transporte.
Este escenario caótico es el resultado de la falta de planificación y coordinación de los problemas urbanos por parte de las jurisdicciones responsables. A las pérdidas humanas se suman los daños materiales, el impacto en la producción y el comercio y el desconcierto general ante desastres naturales que se potencian con la débil planificación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas. La información sobre la incidencia que las obras tienen por acción u omisión sobre la calidad de vida de la población no está siendo mostrada a los ciudadanos.
La sociedad no está acostumbrada a recibir información sistemática, pública y confiable sobre los avances y resultados en términos de monitoreo y evaluación de políticas públicas. De hecho, un estudio realizado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) sobre planes y programas nacionales, muestra que el 45% de los casos analizados no poseen sistemas de seguimiento y evaluación, con indicadores de distinto tipo: de impacto, de resultados, de producto y actividad, que admitan recopilar información clave sobre las intervenciones.
Es crítico avanzar en el diseño e implementación cotidiana de instancias que permitan a cualquier ciudadano integrar espacios dedicados al seguimiento participativo, y a la evaluación abierta de los planes y programas de gobierno. Evaluar los resultados obtenidos en materia de infraestructura podría ofrecer hoy pistas más certeras capaces de informar la toma de decisiones luego del desastre. Podría además ayudar a identificar atribuciones concretas en materia de responsabilidad de los distintos funcionarios y la falla en los mecanismos institucionales.
Contribuiría a adoptar juicios más informados por todos los sectores sobre bases sólidas de evidencia y lecciones aprendidas.
Con rendiciones de cuentas periódicas tanto sobre cantidad de trabajo y calidad de las obras planificadas, en marcha y terminadas, como sobre impacto, resultados y productos, tendríamos bases más sólidas para analizar el camino para seguir. Hoy nos preguntamos hasta cuándo habrá que esperar para actuar con responsabilidad y racionalidad.