Nadie puede sorprenderse de lo que sucedió otra vez en las vías del Ferrocarril Sarmiento. La precariedad y falta de atención en la prestación del servicio, en este caso se llevó la vida de tres personas y dejó a 315 heridos. El Gobierno nacional sabe hace tiempo que los trenes urbanos son un peligro después de cincuenta años de una política desquiciada; un sistema sumido en un estado casi de chatarra, con un poco de cosmética.
Los usuarios, testigos diarios de la decadencia, suben al tren con una resignación sabiendo que se someten por unos interminables minutos a la suciedad, la incomodidad, el calor, el frío y lo que es peor, a la inseguridad. Los descarrilamientos, formaciones que no siempre pueden frenar a tiempo, choques, planes de obras que no se ejecutan, pasos a nivel sin control, servicios cada vez más espaciados o directamente nulos, son los hechos que atrapan en esa peligrosa red a la gente.
Es un sistema que transporta alrededor de 420 millones de pasajeros por año, y donde las personas que ya están resignadas a viajar peor que el ganado, no piensan en ello, porque la premisa es llegar sano y salvo a destino. No importa si terminan medio asfixiadas, sin la billetera que algún punguista cosechó en un campo fértil para esas acciones delictivas o simplemente con el aspecto propio de quien sale de un infierno. Nada de todo eso importa cuando la experiencia de todos los días indica que hay que ser agradecido por haber llegado a destino y poder salir caminando normalmente después de un viaje en tren.
La tragedia de Once, que dejó 52 muertes y más de 700 heridos, tan anunciada por el deplorable estado del Ferrocarril Sarmiento que pudo y debió haber sido evitada, y la de Castelar -también en Buenos Aires-, dejan al desnudo el grado la falta de responsabilidad de quienes deberían responder, y de la enorme masa de dinero que circula sin una rendición eficaz de cuentas en el negocio. Se trata de un sistema en el que el Estado paga millones para que los trenes circulen cada vez peor. Los usuarios pagan monedas por un servicio que vale sólo eso: monedas.
La falta de inversión es total y se ve a simple vista. En enero último, el ministro del Interior y Transporte había prometido que el Gobierno nacional concretaría una "’verdadera revolución” que comenzaría a notarse "’en los próximos 60 días”. A los cinco meses de ese anuncio, lo que tristemente se observa es que la solución llegará demasiado tarde.