La conocida estrategia extorsiva sindical, de declarar paros sorpresivos en servicios imprescindibles como el transporte de pasajeros, perjudicando a los usuarios, y más todavía cuando hay mayor afluencia de público, se planteó nuevamente en vísperas de Navidad en Buenos Aires. La rápida intervención de las autoridades laborales al dictar la conciliación obligatoria, impidió que el problema pasada a mayores, por lo menos hasta el lunes venidero cuando se reanude la actividad administrativa.
Esta vez el impacto de las medidas de fuerza intempestivas lo recibieron los usuarios de los subterráneos porteños debido a paros sorpresivos y rotativos en todas las líneas, cada tres horas, según dispuso la agrupación de metrodelegados, en demanda de un bono salarial de fin de año y el otorgamiento de la personería gremial, una presión al Ministerio de Trabajo por la vieja disputa que este sector mantiene con la Unión Tranviaria Automotor (UTA), la entidad reconocida oficialmente.
También el martes último los pasajeros que llegaron a primera hora al Aeroparque Metropolitano se encontraron con un inesperado conflicto suscitado entre empleados de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la empresa LAN Argentina, que amenazó con un paro de actividades por tiempo indeterminado, según lo dispuesto por el sindicato. Es de imaginar la indignación de quienes esperaban abordar los vuelos para pasar las fiestas en diferentes destinos, o bien de los que regresaban a la Capital Federal. En uno y otro caso las conciliaciones obligatorias, acatadas por los sindicatos, impidieron que la gente fuera rehén en estos planteos que nada tienen que ver con la garantía constitucional del derecho de huelga, prevista como última instancia si se produce una ruptura de partes y, aún así, toda acción directa se debe anunciar con debida antelación.
Los paros con movilizaciones, cortes de calles y actos vandálicos, no encajan en un Estado de derecho y menos si apuntan a paralizar actividades que perjudican directamente a la población, el verdadero objetivo de los casos señalados, a sabiendas que tendrían amplia repercusión en los medios al tratarse de una cuestión social. Esta extorsión coyuntural también se manifestó por parte de los gremios estatales fueguinos en Ushuaia y Río Grande, tal vez pensando que en Navidad se puedan consentir estos atropellos.