La responsabilidad que les cabe a los operadores de las redes sociales por la difusión de los contenidos, y los perjuicios probables que ocasionan a quienes se sienten afectados por los textos y las imágenes que circulan por Internet, es un tema controvertido en el derecho por las diferentes interpretaciones judiciales ante una demanda concreta.
El tema más polémico, planteado en los tribunales, son los motores de búsqueda de la web, por ejemplo Google y Yahoo!, hacia donde apuntan los presuntos daños y perjuicios que ya acumulan medio centenar de expedientes en la Argentina en los que actrices y modelos publicitarias cuyos nombres y fotografías aparecen, falsamente, en sitios de contenido erótico o de oferta de servicios sexuales, han tenido fallos opuestos ante la ausencia de jurisprudencia.
La cuestión ha llegado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que celebrará hoy una audiencia pública como primer paso para fijar más adelante el criterio definitivo a fin de evitar los dictámenes contradictorios que se vienen sucediendo en el fuero civil, civil y comercial federal y comercial, al dictaminar sobre la responsabilidad aplicable a los buscadores del sistema global.
La trascendencia de esta audiencia convocada por el máximo Tribunal resulta fundamental frente a un conflicto que se plantea entre las cláusulas constitucionales que protegen la libertad de expresión, el derecho a la información y el ejercicio de una industria lícita, con las normas de igual jerarquía que tutelan los derechos de las personas. Se trata de un mecanismo creado por la propia Corte, para resolver causas complejas de alto interés, como el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo o la validez constitucional de la Ley de Medios Audiovisuales.
En la situación de la web existe una intrínseca vinculación entre los buscadores y el derecho a recibir y buscar información garantizado en los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional y 13 del Pacto de San José de Costa Rica incorporado a la Carta magna. De allí la necesidad de una doctrina similar a la conocida como "Campillay”. Sostiene que los medios de comunicación no son responsables por la difusión de una noticia falsa o inexacta cuando identifican la fuente. Los motores de búsqueda se limitan a reproducir los contenidos de otras fuentes -links a sitios web- a la que recurren los usuarios.