La impunidad que existía para eludir la legislación que protege al arbolado público en nuestra provincia, debido a los lentos procedimientos y las exiguas multas a los infractores, parece haberse revertido mediante un nuevo enfoque administrativo con una severidad punitiva acorde con el daño ocasionado al patrimonio público.
El sólo hecho de que una empresa haya sido multada con más de 100.000 pesos por transgredir la ley 7838 de protección al arbolado público y su reglamentación, y la posibilidad de que sean embargados los haberes, cuentas bancarias o bienes de los involucrados, habla por si solo de la ejemplar la política adoptada por la Subsecretaría de Medio Ambiente en defensa de la castigada forestación de la vía pública.
De acuerdo a la información publicada ayer por este diario, se sabe que la multa de 110.120 pesos no es un caso aislado sino que existen otras seis firmas involucradas en hechos similares, en general de la actividad del cableado aéreo, constructoras y de provisión de servicios, que se excedieron en su cometido, provocando daños irreparables. Y también municipios.
La implementación de la nueva forma de encarar el poder de policía ambiental y el mecanismo que evita la pesada burocracia de los juzgados de faltas, debe ser recibido con beneplácito por la comunidad sanjuanina, ya que renueva la confianza en las autoridades del área, en el permanente reclamo para que vele por lo que queda de nuestra diezmada flora y fauna autóctonas. Es de esperar que las medidas ejemplarizadoras se cumplan sin atenuantes y que se conozcan tanto los nombres de los infractores, como la conclusión de los procedimientos en los tiempos estipulados.