El radicalizado paro de los docentes bonaerenses en demanda de mejoras salariales, que ya aceptaron los gremios otras jurisdicciones por igual o menores aumentos a los ofrecidos por el gobierno de Daniel Scioli, ha planteado una controversia sobre el derecho de huelga y el de la educación, ambos garantizados por la Constitución Nacional y las convenciones internacionales incorporadas a la Carta Magna.

La Justicia, a través del juez en lo Contencioso Administrativo Francisco Terrier, dio un paso decisivo para resolver la prioridad que debe asignarse a las garantías constitucionales y el ultimo sábado dictó una medida precautelar que ordenó a los gremios docentes de paro el cese inmediato de la medida de fuerza, que ya cumplió 15 días de inactividad en las aulas.

El dictamen del magistrado contiene una lógica irreprochable, porque destaca la trascendencia de la tarea del educador, no siempre debidamente valorada, y por lo tanto sus reclamos son legítimos, pero frente a los derechos de los educandos el paro queda fuera de toda discusión. La prevalencia al derecho de los niños a recibir educación y de los padres a que sus hijos reciban la enseñanza obligatoria, inclina la balanza hacia la racionalidad de una premisa inalienable del Estado.

El fallo reconoce el derecho de huelga y por eso ordenó al Gobierno bonaerense no descontar los días de paro y buscar coincidencias entre las partes sin que se interrumpa el dictado de clase. Lamentablemente los gremios no acataron la orden judicial y siguieron al margen de todas las instancias legales, anteponiendo el accionar combativo como el de Roberto Baradel, secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), del jefe de la CTA oficialista, Hugo Yasky y de Mirta Petrocini, presidenta de la Federación de Educadores Bonaerense (FEB), responsables de la suerte de 3,5 millones de chicos que no pueden iniciar el año escolar.

Son parte de un activismo violento e irreflexivo, con grupos de choque que defienden sus posiciones con piquetes, tirando piedras y agrediendo físicamente a quienes no comparten esta metodología, y hasta llegar a arrojar desde un puente a un discapcitado que intentó romper el bloqueo para llevar a su esposa al hospital, como ocurrió durante el reciente paro de los portuarios.

Es lamentable que los educadores sean parte de una dirigencia sindical que confunde el derecho a peticionar con derecho al vandalismo.