Al inaugurar el actual período de sesiones legislativas, la presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner pidió una norma para regular el derecho a peticionar en la vía pública, para que esas acciones no vulnere las garantías constitucionales al resto de la comunidad.
Parece un despropósito legalizar lo que está muy claro en la Constitución, pero los atropellos piqueteros con cortes de calles, rutas, ocupación de espacios públicos y desmanes que afectan a terceros, exige poner las cosas en su lugar de manera que el caos y la provocación no alteren la convivencia ni impidan las actividades cotidianas.
Al respecto, diferentes bloques parlamentarios han presentado proyectos destinados a reglamentar la protesta social. Son coincidentes en cuanto a que no existe ningún derecho absoluto que se imponga sobre los demás, como parece interpretar la dirigencia sindical cuando declara una huelga o, en el caso de la protesta callejera por cualquier otro motivo, la que debe ser pacífica, sin entorpecer las demás actividades y sin la comisión de delitos como ataques a personas y daños a sus bienes materiales. Fundamentalmente, respetar la prestación de servicios públicos como el transporte, dentro del derecho de circulación. Como contrapartida, los proyectos ponen énfasis en la necesidad de privilegiar la negociación con los manifestantes antes que disuadirlos con la represión.
Lo sorprendente es que el freno legal contra estas manifestaciones extorsivas, reclamado por la propia presidenta, no diera lugar a una iniciativa del propio Poder Ejecutivo Nacional, girada al Congreso, como hace habitualmente ante problemas que son vitales para garantizar la paz social. Más todavía si se debe poner un límite al piquete, ya que el derecho de peticionar al Gobierno en la vía pública no puede dañar otros derechos consagrados constitucionalmente.
Frente a este panorama, la decisión política de encuadrar la protesta social está en manos del Congreso. Es necesario reglamentar una prerrogativa sectorial acotada a su ámbito de actuación y siempre que se hayan cumplido los pasos previos buscando la conciliación de las partes, ya que cualquier otra acción intempestiva debe encuadrarse en la racionalidad. El vacío legal, además, precipita reacciones policiales y judiciales que pueden ser desproporcionadas y criticadas por la ciudadanía, a pesar de que la consigna de "no criminalizar la protesta social” desembocó en la intolerable permisividad