Durante 2012 se produjeron 5.483 cortes de vías públicas en el país, récord en los últimos cuatro años y un 41% más que en 2011, cuando se registraron 3.214 piquetes, según "Diagnóstico Político", el sitio de análisis político social de la coyuntura sudamericana.

En lo que va de 2013 hubo 230 cortes viales, 25 más que el año pasado, encabezando la lista la provincia de Buenos Aires con 40 bloqueos; en la Capital Federal, en tanto, hubo 34. Agrega que en febrero hubo 382, un 40% más que en enero y 27% sobre el mismo período de 2012. El informe concluye que es esperable que en los próximos meses se mantenga la elevada conflictividad social y se sigan batiendo récords interanuales de bloqueos.

El derecho a protestar y a manifestarse libremente está garantizado por la Constitución Nacional, pero no puede ejercerse coartando derechos de muchos otros, como el de trabajar y el de circular. Seguramente, en ese proyectado aumento seguirán teniendo peso las marchas de sectores que ganan las calles para protestar por servicios deficientes y en reclamo de justicia, en desacuerdo con medidas del Gobierno.

Más allá de la legitimidad de no pocos de los reclamos de muchos ciudadanos, resulta cuestionable que ante éstos las autoridades se muestren impotentes para garantizar una convivencia pacífica y ordenada. Ellas deberían tomar nota del mandato constitucional de respetar los derechos de quienes merecen transitar libremente por el país para que nadie se sienta menoscabado en su propia libertad. La repetición de esas conductas, ha llevado a la confusión de muchos que consideran como un mérito ese incumplimiento. Así pues, la anomia se extiende desde la ocupación de la vía pública hasta la de terrenos e inmuebles.

La falta de actuación de la autoridad en el momento en que se inicien estos hechos permite que se consoliden situaciones que más tarde son imposibles de corregir. Nadie hace nada que no le permitan hacer. Puede entenderse que si quienes tienen legítimo poder no son capaces de aplicar la ley frente a este tipo de transgresiones, más difícilmente podrá hacerlo frente a cuestiones más graves, como el crimen, la delincuencia o el narcotráfico. El crecimiento de la inseguridad ciudadana tiene relación con esta grave incapacidad, que exige una contundente rectificación.