El 65% de la selva de la Amazonia está en territorio brasileño y los hábitats naturales de Brasil representan alrededor del 15-20% de la diversidad biológica del mundo.

El acuerdo estaba cerca. Pero como suele ocurrir en estas ocasiones, da la impresión que se quedará en el papel: sin objetivos comunes, sin plazos precisos, solo un vago compromiso entre ahora y 2030, con países individuales actuando por su cuenta.

La Cumbre de Deforestación Amazónica se realizó el martes 8 y miércoles 9 de este mes de agosto en Belem, Brasil, con la participación de los ocho países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela). 

En este marco, las declaraciones del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva hicieron sonar la alarma: el mandatario, gran impulsor de un evento que, entre otras cosas, no abordaba el tema tan delicado de la extracción ilegal de oro, había dicho -textualmente- que "la Amazonia no es solo árboles y ríos, y no debe ser preservado como santuario sino como fuente de conocimiento científico y de economía. Allí viven millones de personas que tienen derecho a disfrutarlo y a vivir bien''. Declaraciones que en retrospectiva son algo extrañas: si por un lado la Declaración de Belem reafirmó contundentemente los derechos y protecciones de los pueblos indígenas, por otro evitó deliberadamente prohibir la extracción de petróleo en la cuenca del río Amazonas, que era uno de los temas más esperados, dado que en los últimos meses el gigante energético Petrobras, en el que el Estado es accionista mayoritario con el 50,3%, está solicitando nuevas licencias para minar en la desembocadura del río.

Para Brasil, el tema debe ser tratado con cautela, dado que la contribución de la Amazonia a su economía se estima en alrededor del 8% del PIB. Podría el presidente Lula haber hecho del medio ambiente su punto fuerte para marcar, ante la comunidad internacional, una clara discontinuidad con su antecesor Jair Bolsonaro. Pero también es cierto, lamentablemente, que precisamente en la cumbre de Belem, el actual ministro de Energía, Alexandre Silveira, llegó a negar que exista un vínculo científico unánimemente reconocido entre los combustibles fósiles y el cambio climático.

Sin embargo, la crisis está más que nunca ante los ojos de todos: en 2022, mientras Petrobras registró un beneficio récord de 188.000 millones de reales (unos 37.000 millones de euros), un 77 % más que en 2021 y con una distribución de las más generosas del mundo, la selva amazónica perdía una superficie equivalente a once canchas de fútbol por minuto: se talaban 21 árboles por segundo.

La deforestación es responsable del 11 % de las emisiones globales y plantea riesgos ambientales y alimentarios que siempre vale la pena cuantificar: con la pérdida de bosques que ya supera el 30 % en el sur de la Amazonía brasileña y se espera que alcance el 56 % para 2050, los impactos en la productividad agrícola podrían ser catastrófico.

Por no hablar de los riesgos financieros: el Banco Mundial estima que el valor de la selva amazónica supera los 317.000 millones de dólares al año, unas siete veces más que el valor combinado de la agricultura extensiva, la industria maderera y la minería. La Amazonia no se salva solo con palabras. Los compromisos deben ser contundentes y realizables.