¿Quién dijo que no se puede hacer peor? Siempre las cosas se pueden hacer peor, y lo ocurrido en torno a la fuga de solución cianurada de la mina Veladero el domingo pasado, es una muestra cabal de esa afirmación. No solamente alguien se equivocó al dejar abierta una compuerta, si no que alguien o varios más le ayudaron mintiendo, otro le erró a la hora de armar una estrategia, y muchos otros colaboraron interpretando mal. En resumen, una cadena de errores que deberá pagar la minería, seguramente. El problema es que nadie sabe cómo, cuánto ni cuándo. Por ahora todo lo ocurrido esta semana es comida gourmet para los enemigos de esta actividad que ha logrado transformar San Juan, guste a quien le guste. En el medio, dos datos jugosos: primero, hay 12 ejecutivos canadienses en San Juan que han tomado el control de la mina. Y segundo, de manera más anecdótica, el ejecutivo de Barrick que estuvo a cargo de Pascua, lado chileno del proyecto binacional, cuando ocurrió la denuncia ambiental que termina por frenar el proyecto completo, es el mismo que ocupa la dirección ejecutiva de la compañía hoy en el país: el argentino Guillermo Caló.
Vamos por partes. ¿Qué pasó? Según lo que se cree hasta el momento, una de las válvulas que están en la cima del dique de lixiviación, falló. No se sabe si por el frío o porque había vencido su vida útil. Una vez que ese aparato se rompió salió líquido que fue a parar a un canal llamado Norte, que se utiliza normalmente para trasladar el agua de deshielo. La solución cianurada que había perdido la válvula siguió por ese conducto unos 5 o 6 kilómetros hasta una compuerta, que sólo debe estar arriba para desagotar el agua de deshielo. No se sabe aún por qué esa compuerta estaba abierta y permitió que el líquido con la solución cianurada llegara al río Los Potrerillos, de ahí al cauce Las Taguas y luego al Río Blanco. Todavía no está claro si es que algún empleado ordenó levantarla y luego se olvidó de mandar a cerrarla o dio la orden y no lo hicieron. Eso saldrá de la documentación que ya está en poder del juez. A partir de ese error, ocurrieron cosas increíbles para compañías como Barrick: quien realiza el informe de lo ocurrido, el mismo domingo, escribe que el líquido estuvo drenando sólo unos 40 minutos cuando en realidad la última visita al lugar se había hecho el día anterior en la mañana. Es decir, alguien o varios directivos de la mina engañó o engañaron a la Gerencia.
En el Gobierno piensan que no dijeron la verdad para tratar de salvarse de lo que a todas luces será un despido y es ya una investigación penal seria.
A esa altura del domingo la confusión era monumental. Ya sobraban los mensajes de Whatsapp con muertos por el derrame de cianuro y los jachalleros empezaban a inquietarse. El Gobierno decide no decir nada y dejar a la compañía que comunique lo ocurrido, el lunes a las 8 aproximadamente. Segundo gran error. El lunes la conducción de Barrick ordena hacer pruebas en el agua y, para mala sorpresa de la conducción de la empresa, se detectan niveles mayores de cianuro a los normales. Ahí se dan cuenta de que les habían mentido y deciden empezar a llevar agua mineral a las localidades iglesianas de Malimán, El Chinguillo y Angualasto.
Cuando el Gobierno se entera que la empresa no sabía qué cantidad de solución cianurada se había derramado, envían un comunicado el lunes a la noche diciendo que también iban a abastecer de agua envasada a las tres localidades de Iglesia y que habían demandado a la compañía canadiense. Al día siguiente, el martes, la gente que vive en Jáchal se asusta y empiezan las malas interpretaciones, las marchas y el impacto político del asunto. Luego llega la Justicia, el otro actor en esta historia: el juez Pablo Oritja suspende la mina 5 días respondiendo favorablemente a un amparo presentado por un jachallero. Dice que quiere certificar que la mina es segura, porque si hubo una fuga, puede haber otra.
Al respecto, el ingeniero Mario Capello, secretario del Colegio Argentino en Minas, dijo ayer en Radio Sarmiento que ese freno representa unos 10 millones de dólares, aproximadamente. ¿De dónde saca la cuenta? La empresa informó que por día produce 1.918 onzas; eso multiplicado por U$S1.130, que es el costo actual de cada unidad, da como resultado los U$S10.835.570 que dice Capello. Se calcula que el 80 por ciento de esa plata queda en la provincia en empleados y proveedores.
Capello asegura además que esa medida judicial no era necesaria porque la acidez que tiene el agua de los ríos que están cerca de Veladero, elimina la posibilidad de que el cianuro se convierta en gas mortal. Es decir, si esa teoría es real, la provincia ya lleva perdidos unos 8 millones de dólares en este confuso chiste.
Barrick y el Gobierno
Aseguran que en la empresa las papas están que arden. El canadiense Steven Haggarty, junto a un grupo de 11 ejecutivos más de Barrick, han tomado el control de la mina y han suspendido a 15 empleados de cargos jerárquicos que están en la operación. La gerencia en Argentina, que conduce Caló, está colaborando con ellos y se salvó porque en definitiva quedó como víctima de la gran mentira que, se sospecha, pergeñaron en Veladero para ocultar la fuga. Se cree que una vez que los ejecutivos de operaciones empiecen a declarar en sede judicial los irán echando de a uno. La compañía también ha iniciado una investigación interna porque, aunque la gente crea otra cosa, este tipo de incidentes no son rentables en el mundo minero: hay acuerdos internacionales que cumplir, hay auditorías para certificaciones internacionales que respetar y las empresas no quieren que nada de eso se les caiga.
Las buenas calificaciones en materia ambiental-minera son una herramienta no prescindible para conseguir créditos o para lograr el apoyo de los inversionistas, cada vez más escasos en función de la caída mundial de los commodities. Y por lo que se sabe, a Barrick no le sobra la plata, mucho menos los inconscientes que quieran poner dinero. No van a dejar de colaborar con la Justicia o el Gobierno en todo lo que puedan, pero también tratarán de morigerar todos los impactos que esta noticia provoque en el mundo de la minería. Aunque para lograr eso, van a tener que ser magos, obviamente.
Saben que ahí está el verdadero dolor de cabeza, más allá de la posible sanción que le aplique Minería de la provincia, sanción que merecería una nota aparte: la multa, que seguro deberá aplicar el Gobierno, deberá ser ejemplificadora y muy superior a la que aplicó Chile por el problema en Pascua, porque si no el costo político lo va a pagar el Gobierno de San Juan. El problema es que la empresa no es la misma hoy que en ese momento.
En el caso del Gobierno, en off todos los cañones de los dirigentes del PJ apuntan al ministro Saavedra, incluso los dirigentes que están en cargos políticos. Dicen que debió ir a la mina o a Jáchal e Iglesia antes que nadie, pero ninguno sabe responder por qué no lo hizo. Se puede especular que la decisión de no ir debió ser consensuada con el Gobernador, pero como a Gioja no le gusta compartir decisiones, hoy deben ser pocos los que saben de manera profunda qué pasó por la cabeza del gobernador Gioja para haber reaccionado tan tarde. Saavedra no es creíble, puede ser esa la razón de mantenerlo en el Centro Cívico y no mandarlo a Jáchal. Para colmo las elecciones complican todo: denuncias por todas partes y de todos los colores sombrean el panorama. Subirse a una tarima política a decir que se ha denunciado a la "multinacional contaminante", da votos, parece.
Los antimineros reales y los empresariales
Hay quienes aún tienen dudas y son dudas lícitas. Hay quienes no están de acuerdo con la minería de la forma en la que se hace hoy y está bien que así sea. A gusto de este periodista es irracional, pero todo mundo tiene derecho a pensar lo que quiera. Pero también están los que usan este tema para ganar plata. Es más rentable en audiencia estar en contra de la minería que a favor de ella. Habría que preguntarle a Jaime Bergé, el presidente de la Cámara Minera local, si no es así. El sanjuanino quiso explicar cuál es el alcance de la real peligrosidad del cianuro, y lo mataron. Bergé probó en carne propia la irresponsabilidad y el aprovechamiento de un tema para ganar puntos de rating, en definitiva, plata.
Y esto recién empieza: ojalá que mañana no salga un legislador de esos que necesitan votos y, para juntarlos, empiece a plantear que hay que erradicar la minería en el país. Ya nos pasó: Pino Solanas, Daniel Filmus y otros, tirotearon la actividad siempre, incluso sin fundamentos. Para ellos también fue un buen negocio político pararse enfrente de la actividad sin saber mucho de lo que hablaban. Ojalá que este no sea el costo final de lo que está pasando hoy en San Juan, porque sería retroceder muchos años. Hay una gran cantidad de empleados que pueden salir a contar qué hacen y cómo lo hacen, tal vez es momento de hacerlo, o tal vez nunca debió ser momento de dejar de salir a defender la actividad, lo que en sí pudo haber sido el gran error que nos condujo a esta situación.