En un accidente de tránsito hay numerosos factores determinantes y, a medida que se los analiza, se llega a conclusiones donde la fatalidad le da paso a la imprudencia que lo ocasiona, por lo cual una vida o un herido de consideración pudieron salvarse si no hubiese mediado el error humano con actitudes negligentes.

Lo realmente grave es que a pesar de la estadística alarmante, con cifras históricas y crecientes, los automovilistas no toman conciencia de la responsabilidad que implica la conducción de un vehículo y las autoridades muestran una pasividad preocupante en función de la tarea que le cabe al Estado. En más de una década se ha duplicado el parque automotor argentino, con vehículos modernos acorde con la evolución del transporte, pero la infraestructura vial tiene, en general, medio siglo de retraso para contener al enorme volumen de rodados. Sólo existen paliativos, la mayoría carente de rigor técnico, para atenuar la velocidad con obstáculos como las lomadas, pianitos y demás reductores en reemplazo de cruces sobre nivel, ensanches de carriles y semaforización inteligente, para citar algunas obras que se necesitan con urgencia, mientras se construyen autopistas y avenidas urbanas acorde con la época.

Según la ONG Luchemos por la Vida, la organización que reclama medidas de fondo, existe un promedio de 21 muertos por día y 624 mensuales en el país, lo que llevó en 2012 a registrar 7.485 víctimas fatales de promedio anual. A estas cifras se deben sumar miles de heridos con dolencias irreversibles y enormes daños materiales. Lo peor es que la progresión para el corriente año puede marcar otro pico histórico, como se viene observando en San Juan, con dos muertos en menos de una hora el viernes último, u ocho muertos en los últimos cinco días.

La toma de conciencia de los conductores y peatones es fundamental para respetar la señalización caminera y las limitaciones en cuanto a velocidad máxima, pero también se debe tener absoluto dominio sobre el rodado, a la vez de estar muy atento a todo el movimiento vehicular y peatonal en el que se encuentra.

Esto debe ser acompañado por políticas activas de la función estatal para hacer cumplir la reglamentación en todos los aspectos, desde los polarizados que impiden una óptima visibilidad, hasta los seguros de responsabilidad civil. Y, fundamentalmente, hacer prioritarias las obras que demanda el tránsito, porque es una premisa social como la vivienda, la salud y los servicios básicos.