Antes de finalizar 2010, la presidenta Cristina Fernández recurrió a un decreto de necesidad y urgencia para ampliar el gasto público por 39.548,7 millones de pesos, a fin de cubrir los últimos aumentos de gastos no previstos en el Presupuesto. Otras medidas que, en igual sentido, habían sido tomadas recientemente. En noviembre pasado se elevaron las partidas de gastos en 30.200 millones, y a principios de diciembre, mediante los superpoderes del jefe de Gabinete se agregaron otros 6.000 millones, lo que en gran medida, confirma que el Presupuesto 2010 estaba lleno subestimaciones, o falta de previsión sobre las reales necesidades de la administración. El presupesto debe ser un reflejo fiel de la marcha de los asuntos del país.
El Gobierno se empecinó en no hacer cambios a su proyecto de presupuesto para 2011, y la oposición fue incapaz de sancionar por sí misma uno un poco más razonable. El resultado es que la Presidencia utilizará en estos días, según la ley, una prórroga del presupuesto 2010 y podrá repetir los gastos que considere imprescindibles, recalcular los recursos, fijar los pagos y colocaciones de deuda. En síntesis, más recursos en un año electoral. Sólo un accionar conjunto de la oposición, que parece improbable, podría lograr establecer prioridades o políticas de Estado y afectación de fondos con rendición de cuentas precisas y transparentes sobre el destino de esos fondos.
La inflación, la inducción al gasto, el desahorro no favorecerán las inversiones del exterior que se requieren para afianzar la producción, al mismo tiempo que la mayor oferta de bienes incidirán en la disminución de los precios de manera tal que los incentivos al consumo no se traduzcan en procesos inflacionarios.