Durante los próximos días el Senado de la Nación será nuevamente el ámbito donde el arco opositor al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, intentará reunir la mayoría necesaria para sesionar y aprobar el proyecto de ley que propicia distribuir la totalidad del producido del impuesto al cheque, entre la Nación y el conjunto de provincias, bajo el mecanismo de distribución que establece la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos.
Si consideramos que por el mecanismo de distribución de recursos coparticipables el 30% se distribuye prácticamente en partes iguales entre el Gobierno Federal y las provincias, la distribución definitiva de este impuesto asigna el 85% a la Nación y el 15% restante debe repartirse entre las 24 jurisdicciones provinciales.
En términos numéricos el impuesto al cheque es el tercer tributo coparticipable que más recauda después del IVA y Ganancias, previéndose en el año 2010 una distribución de $19.000 millones para Nación, $1.000 millones para la Seguridad Social y $3.000 millones al conjunto de provincias.
Con los cambios propuestos por este proyecto de Ley, la nueva distribución asigna: $10.000 millones a la Nación y $ 13.000 millones a las provincias, de manera tal que se produce en forma automática una transferencia de recursos de la Nación al conjunto de provincias del orden de los $10.000 millones para el presente ejercicio.
Sin perjuicio de advertir con claridad la imperiosa necesidad que tienen nuestras provincias de recomponer las estructuras de recursos bajo el mecanismo de distribución automática, hay que señalar que impulsar esta ley que propicia una detracción significativa sobre los ingresos consignados en el presupuesto nacional para el presente ejercicio, sin prever o identificar fuentes de financiamiento alterativas que sustituyan los recursos que se quitan, implica romper el equilibrio de las cuentas fiscales, lo cual constituiría un acto de irresponsabilidad institucional por parte del Congreso Nacional.
Eso es así porque los recursos que se detraen del presupuesto nacional están destinados a financiar gastos comprometidos; los cambios estructurales de recursos o gastos deben ser graduales, oportunos y producidos en escenarios que garanticen absoluta previsibilidad para todos los participes del régimen de distribución de la renta federal, esto es Nación, Provincias y Municipios.
El análisis de este tema sin el apasionamiento de quienes defendemos el federalismo de las provincias desde la convicción y honestidad intelectual, trajo a la memoria una frase de Juan B. Alberdi, padre de nuestra constitución del año 1953, que con mucha sabiduría expresaba:
"Después de los cambios en la religión y en el idioma tradicional de un pueblo, ninguno más delicado que el cambio del sistema de contribuciones. Cambiar una contribución por otra, es como renovar los cimientos de un edificio sin deshacerlo, operación en la cual siempre hay peligro de ruina".