La promulgación en Arizona de una polémica ley que criminaliza a los indocumentados, ha originado un fuerte debate sobre la inmigración en los Estados Unidos, donde viven cerca de 11 millones de personas sin papeles. La gobernadora republicana Jan Brewer, dio luz verde a una norma que deja total libertad a la policía para enfrentar a la inmigración ilegal en ese Estado, donde viven unos 460.000 indocumentados y es considerado la puerta de entrada del contrabando humano y del narcotráfico desde México.

Más del 50% de los indocumentados que murieron en su intento de cruzar hacia EEUU desde el 2004, identificados como mexicanos o que se presume lo eran, han perdido la vida en Arizona, según la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. También ha documentado que desde el 2000 en ese Estado se han reportado 104 casos de violaciones graves de los derechos humanos de los indocumentados. La Cancillería mexicana indica que desde el 2004 hasta marzo pasado, un total de 2.409 migrantes falleció al cruzar a EEUU, de los cuales 1.656 eran mexicanos y el resto desconocidos, presumiblemente también de ese origen.

La ley adoptada por Brewer ha encendido una llama peligrosa en medio de un notable retraso de la reforma inmigratoria que está pendiente en Estados Unidos. El presidente Barack Obama no pudo cumplir su compromiso de disponer en su primer año de gobierno la ansiada reforma y ahora los republicanos tienen la tentación de no seguir jugando con el tiempo y la seguridad de los norteamericanos. La alternativa demócrata es presentar un texto propio, como hicieron con la reforma de los servicios bancarios y de salud.

Lo que ha cambiado no es la cantidad de inmigrantes ni el desempleo, sino la proximidad de las elecciones primarias de agosto. Se observa que la inmigración no es un problema de republicanos o demócratas, ni tampoco exclusivo de EEUU. No es casual el vuelco en las elecciones en Europa del Este hacia partidos ultras, familiarizados con el nacionalismo y la discriminación.

La nueva ley de Arizona, SB 1070, es un aviso para Obama por su tardanza en la reforma migratoria. De no actuar, otros Estados pueden dictar sus propias normas, aumentando la intransigencia y la violación de las leyes federales de derechos civiles.