La opinión pública del país, con repercusiones en el exterior, no sale de su asombro ante la impunidad en que se mueve el sujeto que asaltó a un turista canadiense en el barrio porteño de la Boca. La víctima lo filmó en el momento del atraco, con audio incluido, lo que trascendió en las redes sociales hasta llegar a los medios.

El mediático motochorro Gastón Aguirre, con antecedentes por drogas y portación de arma de guerra, recorrió los principales estudios televisivos de la Capital Federal y respondió a las radios como un personaje de la farándula antes que un ladrón confeso, porque sus declaraciones no dejaron dudas que había salido a delinquir armado, lo que presupone la intención de matar.

El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, lamentó que ningún funcionario judicial haya ordenado la detención de Aguirre, filmado cuando intentó robarle una mochila al ciclista extranjero. "Toqué varios timbres para que me dieran una orden para detener al motochorro y nadie me atendió”, expresó el funcionario, haciendo a la vez varias observaciones insólitas sobre el caso.

Berni remarcó que la acción del delincuente está filmada, pero reveló que para los jueces eso no es válido como prueba para ordenar su detención. Sin embargo, es un medio válido para multar a un automovilista que cruza un semáforo en rojo, si así lo capta la grabación de una cámara que filma el tránsito. Y lamentó al estado de impunidad que existe en nuestro país a pesar del esfuerzo de la policía, que tras detener a los delincuentes, poco después y de manera casi inexplicable, quedan en libertad.

Como titular el secretario de Seguridad, esta situación requiere más compromiso a los miembros del Poder Judicial para trabajar con sentido común antes que con la pesada burocracia tribunalicia que enerva a la sociedad por sus decisiones polémicas, cuando no ideológicas. Por ejemplo que jueces y fiscales consideren represivo dejar a un delincuente tras las rejas, o que una persona que tenía gran cantidad de droga en el baúl del automóvil, fue a juicio y se logró una sentencia, pero un fiscal dijo que era la Gendarmería y no la Policía la que debía abrirle el baúl, y lo dejó libre.

Los magistrados se escudan ante la prensa diciendo que ellos sólo hablan a través de sus sentencias. No hace falta más comentario.