La brutal ejecución de Najiba, una joven afgana de 22 años, perpetrada por su esposo que le pegó 13 tiros por la espalda después de que un juez tribal la sentenciara por adulterio, conmocionó a la opinión pública internacional, provocando la reprobación de las costumbres musulmanas como los asesinatos enmascarados de justicia divina.

Pero no sólo en Afganistán se cometen estos crímenes. En nuestra región, el odio y la discriminación se están propagando a niveles alarmantes, ya sea por cuestiones de género, raza, etnia, u orientación sexual y religiosa. En República Dominicana fueron asesinadas más de 100 ‘Najibas’ este año casi 200 crímenes de mujeres por año desde 2005 por lo que 60 ONGs exigieron ante el Congreso reformas penales para proteger a las mujeres y castigar a los violentos.

En la última década, la violencia de género ha provocado un promedio de 2.500 asesinatos por año en México producto de la violencia doméstica, trata de personas y de la esclavitud sexual. Peor que los crímenes, que también son comunes en Centroamérica a niveles pavorosos, es que la mayoría de los casos permanece impune.

La apatía de las autoridades, es el patrón de conducta que encontró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como generador de un círculo vicioso que motiva mayor violencia. Demostró que el odio y la discriminación sexual van en aumento, caso de agresiones contra lesbianas en EEUU; el asesinato de tres transexuales en Guatemala y Brasil; y el de dos homosexuales en Jamaica, donde ya fueron ultimados ocho en los últimos tres meses. En el momento que la CIDH hacía sus reclamos, el cortometraje ‘La guerra invisible’, del documentalista Kirby Dick, denunciaba la inmovilidad del Ejército de EEUU frente a más de 3.000 agresiones sexuales anuales entre sus filas, como violaciones y acoso sexual.

Chile tomó el toro por las astas para combatir el odio y la impunidad. El presidente Sebastián Piñera promulgó el 12 de julio una ley que sanciona y aumenta las penas contra todo tipo de discriminación, además de aplicar multas y medidas de reparación para las víctimas. La ley, demorada en el Congreso por siete años, vio la luz después del asesinato en marzo de Daniel Zamudio, un joven atacado por un grupo neonazi por su condición de homosexual. También Piñera creó la figura del ‘defensor de los niños’, en respuesta a las 21.000 denuncias de abuso sexual contra menores de 14 años en 2011 que aumentaron un 22% en lo que va de 2012.

La discriminación no transluce solo en el orden sexual. La semana pasada el banco estadounidense Wells Fargo acordó pagar 175 millones de dólares de reparación, por discriminar a negros y latinos en el otorgamiento de préstamos, en violación de leyes sobre equidad crediticia. En Miami, por ejemplo, por un préstamo de U$S 300.000, el banco cobraba tasas de interés más altas y un promedio de 2.538 dólares más a un latino que a un blanco con la misma solvencia crediticia, lo que un juez consideró como ‘impuesto racial adicional’.

En momentos que los contenidos xenófobos, antisemitas, raciales, de género se extienden por las aulas, estadios de fútbol y por las redes sociales, no solo hacen falta enérgicas leyes como la chilena o la que buscan los dominicanos para reprimir y disuadir a los violentos.

Para combatir la violencia que generan el odio y la discriminación, también es necesario poner énfasis en la educación. Las leyes, las denuncias y las campañas ayudan, sin dudas, pero cambiar el "ADN" de las generaciones futuras, y comenzar a crear una nueva mentalidad y cultura basada en la tolerancia y el respeto por la diversidad, sólo será posible si se instrumenta una buena educación desde la escuela primaria.