El periodista y expresidente del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Néstor Sclauzero, escribió esta semana en La Nación una excelente nota de opinión en la que plantea una necesaria revisión sobre el rol de los periodistas en la cobertura de la pandemia por Covid-19. Sclauzero hace foco en el impacto del trabajo periodístico en la audiencia y cómo los comunicadores a veces castigamos al receptor con noticias negativas, obsesionados con las competencias entre empresas, creyendo que esa línea es el único camino a una eventual y superficial victoria. En esa línea, el autor asegura que hay otra mirada posible, que también tiene en cuenta cierta sensibilidad de o hacia la opinión pública, incluso a sabiendas de que un uso excesivo de esa otra mirada puede regalar clicks al adversario. El "periodismo de la esperanza". Un enfoque realista, con rigor periodístico obviamente, pero con un objetivo más complejo cuyo componente central es el de darle a las audiencias algún respiro en medio de un mar de malas noticias. En una entrevista en LV5 el viernes al ampliar un poco esos conceptos, dijo: "Vamos olvidando, por ejemplo, la cantidad de personas que se sanan; o que una gripe común de cualquier año, termina con una mayor cantidad de muertes de las que provocó hasta ahora el Covid-19". Es interesante la propuesta. E invita a algunas reflexiones sobre el rol de los medios en todo este lío, algo que es materia de debate en más de una redacción y hasta en las casas. Muchos quieren más información, y otros dicen estar "hartos" de ellas. 


Sclauzero aclara que la difusión de esas noticias esperanzadoras no implica estar en línea o en contra de lo que proponen los gobiernos. De hecho los gobiernos hoy están apuntando a la teoría del miedo. Mientras mayor sea el pánico de los ciudadanos, más cuidados habrá y menor será la cantidad de enfermos. Por cierto, un ensayo cuyo resultado es al menos discutible: cada vez hay más gente en la calle, a pesar de que la curva de muertes y contagios sigue subiendo.


En esta redacción, hace ocho días, ocurrió algo que puede graficar la teoría de Sclauzero. El diario publicó una crónica donde se daban a conocer proyecciones "no oficiales" sobre el impacto de la pandemia en la provincia, una real e impactante friolera de datos: 38.600 infectados, alrededor de 7.000 enfermos leves y moderados y 400 graves. No oficiales, por no provenir de fuentes directas. Decidimos no titular en tapa ni en interior con esos datos, para morigerar el temor que iba a causar la noticia en la opinión pública. Optamos por publicar las cifras, pero en el interior del texto. Repetimos la misma estrategia dos veces más, mientras preguntábamos sin éxito en Salud Pública. A la tercera, la versión se convirtió en oficial. El Gobierno tuvo que admitir que también tenía esa información. Decidimos, a pesar del cambio de postura que se había producido en algunos funcionarios, informar sin asustar. Pero es interesante, al menos a mi modo de ver, cómo los medios en esta locura del Covid-19 nos enfrentamos a situaciones rayanas a los límites. Es la primera vez en la historia que las noticias tienen tanto impacto en la opinión pública. Los medios registran cifras astronómicas de audiencias. Con ese crecimiento, debe necesariamente crecer nuestro apego a las leyes de esta profesión/oficio. Ojo, no somos privilegiados, no lo siento así. Privilegiados son los médicos que salvan vidas. Somos testigos y relatores de un momento histórico, nada más. 


Hurgando un poco más profundo en nuestro mar de novedades vinculadas al coronavirus, surge una pregunta: ¿qué hubiera hecho Sclauzero con las noticias vinculadas al empresario Andrés Icazati y el supuesto Darío Miadosky, los bobos del momento? ¿Son positivas o negativas? Para mí, al menos hasta ahora, son alentadoras. Icazati es el empresario de unos 40 años que viajó a Cancún y, al regresar, intentó burlar el aislamiento obligatorio. Y el supuesto Miadosky es el nombre que aparece en un audio que alguien grabó proponiendo cartelizar una licitación de Desarrollo Humano.


Hay quienes dicen que el bobo que volvió de Cancún es el destinatario del audio que grabó el bobo que propone la cartelización, pero eso por ahora es incomprobable. Y un abogado en nombre de Miadosky, dijo que no es. Seguramente ambos tendrán teléfonos iPhone y, como destrabarlos cuesta unos 9.000 dólares, es posible que nunca sepamos si son los mismos que deberían ir presos por intentar sacarle más plata de la que corresponde al Estado. Lo que sí es real, es que ya todo San Juan sabe que los bobos, son los bobos. Y si bien probablemente les importe muy poco el escrache público, porque pasan la mayoría del tiempo fuera de la provincia, sus familiares y amigos de alguna forma los verán distinto, lo que en sí implica una pequeña condena. Son noticia ahora y, quizás, dentro de algunos años, cuando algún periodista se acuerde de ellos. Esto no termina en el juicio, sea cual fuere el resultado de ese proceso judicial.


Acá hay tres actores a quien rescatar: la Policía, la Justicia y ¿por qué no? los medios. A estos tipos no les importa pagar 2, 3 o 4 millones de pesos de una multa. Pero sí les molesta que un policía, que gana 100 veces menos que ellos, los vaya a buscar frente a todos los vecinos para llevarlos presos. Bien por ese policía. Bien por el Jefe de Policía, por el Secretario de Seguridad, por el Gobernador y todos los que no atendieron los llamados y dejaron que los bobos paguen. Bien también por el ministro de Desarrollo Humano, quien después de un furcio complicado, le pidió a la Justicia que investigue si hubo o no una cartelización en una licitación de su área. Aballay pone la cara incluso por otros, porque esa licitación se hizo cuando él aún no llegaba a Desarrollo Humano. Así como el bobo de Cancún va a pagar lo que deba por evadir la cuarentena, el otro no puede quedar impune. De una vez por todas hay que cazar a estos pícaros que se creen liebres y viven gracias a la plata de la gente. Se calcula que para detener a Icazati y al resto de los nenes de nombre y plata que intentaron violar la cuarentena, 4 a 5 policías deben arriesgar su salud. El Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial en general, debieron movilizar unas 30 personas para asegurarle al bobo su derecho a un juicio justo. 32 (para ser precisos) entre empleados, jueces, fiscales, ayudantes y otros profesionales. Y ni que decir de la estructura que deberá desplegar la Justicia para investigar la supuesta cartelización. Que se haga. Vamos a preguntar resultados.