La situación financiera del Poder Judicial de San Juan frena obras de infraestructura a fin de dar respuesta a la demanda de la ciudadanía en cuanto a una dinámica que supere la pesada burocracia. La necesidad de espacio para optimizar resultados requiere poner en marcha el proyecto de la Ciudad Judicial, que prevé unir los edificios 25 de Mayo con el desocupado 9 de Julio. Se trata de una megaobra que abarca uno nuevo sobre calle Mitre, con estacionamiento subterráneo y consolidar y refuncionalizar todo el complejo de oficinas y de servicios.
El año pasado el Poder Judicial contaba con unos 90 millones de pesos para volcarlos a las obras, pero esa suma está muy lejos del monto que se estima para la Ciudad Judicial, por lo que se planteaba buscar financiamiento internacional, por ejemplo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tal como aportó el crédito para la Ciudad Judicial de Salta. También se habló de una ley para creación de un fideicomiso, aunque esto quedó en suspenso desde 2009. Por supuesto, desde entonces las condiciones económicas del país han cambiado drásticamente y por estos motivos seguramente la reestructuración física deberá esperar.
No obstante esta lógica presupuestaria, por otra parte se sigue sustentando la idea de creación de una Tercera Circunscripción Judicial para atender las causas originadas en los departamentos Rawson, Pocito y Sarmiento, con el argumento de descomprimir la tarea de los abarrotados tribunales de la Primera Circunscripción, con sede en Capital, según una propuesta presentada en 2009 por el entonces diputado provincial Daniel Tomas.
Obviamente el principal escollo a superar sigue siendo el presupuestario para construir la sede y atender la planta funcional que implica la creación de nuevos juzgados y la designación de alrededor de 105 personas, entre empleados y magistrados,
Esto es la creación de 6 juzgados -uno civil, dos penales, uno de familia y dos de menores-, más dos Cámaras de Apelaciones, dos Fiscalías de Cámaras, tres Fiscalías de primera instancia, dos Asesorías de Menores y tres Defensorías Oficiales.
La Justicia no necesita expandirse por el resto de la provincia sino ser eficiente racionalizando los recursos que dispone hasta que el contexto económico y político presente otras alternativas.