En febrero de 2009, los obispos de la Argentina invitaban a los católicos a pensar en el sostenimiento de la Iglesia, reiterando el llamado a una participación más generosa, para que ofrezcan dones personales y materiales al servicio de la obra de la evangelización. Era una nueva invitación para responder a lo que pretende el Plan Compartir, que es una iniciativa en búsqueda de respuestas al tema del sostenimiento de la obra evangelizadora. Si bien es cierto que los fieles no han recibido una adecuada catequesis al respecto, también es verdad que no hay una transparencia como la que requieren estos temas. En primer lugar, los obispos deberían renunciar al sueldo que reciben mensualmente del Gobierno nacional. No sólo que en justicia no les corresponde, sino que además les quita libertad para anunciar y hablar con autoridad. Es que cuando algunos miembros del episcopado o del clero critican ciertas actitudes de políticos u otros miembros de la comunidad que viven a contramano de la justicia o la equidad, no deberían olvidar que, antes que ver la basura en el ojo ajeno habría que observar la viga que se tiene dentro.
La Iglesia en Argentina cuenta con 72 jurisdicciones eclesiásticas incluyendo el obispado de Oberá, en Misiones, creado el 13 de junio pasado. El Estado paga haberes mensuales a obispos y a párrocos de frontera, que asciende a una suma mensual de 1.397.272,02 pesos, incluyendo una cápita por seminarista y una asignación vitalicia para 54 sacerdotes diocesanos del país que cobran mensualmente 530 pesos de las arcas estatales. Los obispos a cargo de diócesis, reciben del Estado Nacional un beneficio de 7.287,13 pesos por mes, y los obispos auxiliares 6.376,24 pesos.
Los obispos que renuncian a sus funciones también reciben la significativa suma mensual de 6.376,24 pesos. La norma respectiva alude a retiros por edad o por motivos de salud, pero quienes se alejaron de sus obispados por causales más chocantes como Edgardo Storni por presunto abuso sexual y que vive ahora en La Falda (Córdoba) en una casa que le paga el arzobispado de Santa Fe, o Juan Carlos Maccarone por homosexualidad, ex obispo de Santiago del Estero, internado actualmente en una clínica para enfermos psicosexuales en Guadalajara (México), también acceden al subsidio mensual, y no han tenido la dignidad suficiente para renunciar a dicho beneficio. Pareciera que la expresión "jubilación de privilegio", tan denostada cuando concierne a algunos civiles, suena demasiado clemente en el caso de los obispos.
¿Con qué autoridad se puede pedir generosidad a la feligresía católica para que hagan sus aportes dominicalmente o para las colectas de "Cáritas" o "Más por Menos", si los obispos no renuncian a estos irritantes privilegios? ¿Cómo se puede invitar a la austeridad o llamar a los políticos a que dejen de lado las ambiciones desmedidas y la procaz ostentación, si miembros de la jerarquía eclesial se movilizan en vehículos 4×4 o autos que no los tienen quienes viven sumergidos en la pobreza o en la indigencia? Se evangeliza con el ejemplo ante todo, y luego con la palabra.
El régimen actual de asignación mensual a los obispos católicos de la Iglesia en Argentina se sustenta en leyes de matriz dictatorial. La ley 21.950 que la estableció, fue dictada por Jorge Rafael Videla, y de acuerdo a esa norma cobran el 80 % de la remuneración de un juez de primera instancia. También en esa época se rubricó la ley 22.161 que previó una asignación mensual a curas párrocos de frontera, y la ley 22.950, firmada en octubre de 1983 por Reynaldo Bignone, impuso el sostenimiento para la formación del clero de nacionalidad argentina.
Por su parte, el Vaticano acaba de señalar el sábado pasado que en su balance 2008, las entradas fueron de 253.953.869 euros y las salidas de 254.865.383 euros. El déficit equivale a 911.514 euros. En un apéndice se indica cuál es el monto del Obolo de San Pedro, ahora llamado "Colecta para el servicio universal de la Iglesia", más las ofrendas directamente hechas al Papa en el curso del año. En el 2007, por ejemplo, la colecta y las ofrendas fueron de 94,1 millones de dólares, de los cuales 14,3 millones llegaron de un solo donante que pidió permanecer anónimo. En el 2008, el Obolo fue de 75.785.574 de dólares. Encabeza los aportes Alemania, con el 31 % del total, los Estados Unidos, 28 % e Italia, 19 %. Esto es lo que, en parte, se hace público todos los años. No se publica ni una línea más para detallar cómo y en qué se emplea aquella suma. En una conferencia dirigida a diplomáticos de varios países del Medio Oriente y de Africa del Norte en mayo de 2007, el banquero lombardo Angelo Caloia, presidente del Instituto para las Obras de la Religión, (IOR), es decir, del Banco Vaticano, hizo referencia a una fuente de entrada para la caridad del Papa: los beneficios del IOR. El monto de esa suma es secreto, pero según datos extraoficiales, el 2007 habría rendido a Benedicto XVI un total cercano a los 200 millones de dólares. En 2008, como siempre, ninguna información al respecto.
Luego del terrible desequilibrio ligado a su antecesor, el arzobispo Paul Marcinkus, y a las temerarias operaciones realizadas con los financistas Michele Sindona y Roberto Calvi, que luego perecieron ambos de muerte violenta en circunstancias misteriosas, Caloia logró que el IOR gozara de discreta salud. No obstante, habría voluntad de cambiar a Angelo Caloia por Ettore Gotti Tedeschi, presidente del Banco Santander en Italia para que dirija el Banco del Vaticano. La falta de transparencia sigue vigente en el ámbito de las finanzas de la Iglesia. Mientras a diario muchos fieles se alejan de ella, los burocratizados obispados reciben mensualmente dinero, entre otros, de las parroquias y de los colegios católicos que resultaron ser un atractivo negocio, al recibir muchos de ellos subsidios del 100 por ciento con fondos estatales. Las curias no hacen una rendición pública de cuentas dando a conocer a los fieles lo que se hace o deja de hacer con el dinero que éstos aportan. Hay que compartir tiempo, talentos y fondos, pero también información verdadera sobre lo que se administra y tener el coraje institucional de renunciar a nocivos privilegios.