No se conoce con precisión el porqué, pero la opinión pública cambió respecto al escándalo de los polémicos juicios de expropiaciones que pidió investigar el Poder Ejecutivo. Un sondeo del IOPPS de diciembre del año pasado decía que 6 de cada 10 sanjuaninos creía que el caso iba a quedar en nada. La misma pregunta hecha en estos días demostró cómo la tortilla se dio vuelta: 6 de cada 10 sanjuaninos dicen ahora que los responsables van a caer. Décimas más, décimas menos, el mensaje es claro: la gente está empezando a creer que el "Vamos hasta el hueso" que impuso Gioja en la investigación, se va a cumplir. Tal vez el histórico megaoperativo judicial y policial ejecutado el primer día de este mes cuando se detuvo a 11 de los 12 sospechosos en la causa; tal vez la difusión del caso en los grandes medios de comunicación de San Juan; tal vez la combinación de ambas cuestiones, no está muy claro, empujó el resultado que se observa. No hay que echar culpas sobre "doña Rosa" por la incredulidad de diciembre, hay que trabajar para terminar de espantar los fantasmas que indujeron a la pobre Rosa a descreer de los políticos, los jueces, los curas, los periodistas, y tantos otros. Doña Rosa quiere creer, es más, espera paciente por alguien o algo que la haga reaccionar y, parece, la investigación iniciada por el Gobierno la está sacudiendo.

De cuánto se habla

La provincia ya canceló varias demandas por expropiaciones, entre ellas, las de los terrenos del hoy Dique Cuesta del Viento, que incluye los casos Margarita Esquivel, por 2.470.232 pesos; Ricardo Benito Luna, por 8.020.010 pesos; Ramón Anes, por 11.684.588 pesos, y Ernestina Cruz del Castillo, por 95.410 pesos. También se pagaron los juicios de Guillermo Felipe Ruiz, a quien le expropiaron un terreno en la esquina de Matías Zavalla y San José por 22.094.197 pesos. A esos hay que agregar el caso Miguel Suraty, quien había comprado un juicio en el 2005 por un terreno en Rawson, cuya suma ascendía a 1.118.000 pesos. Todo lo anterior asciende a la friolera de $45.482.437, dinero que salió de las arcas provinciales y que se restó a otras cosas, seguramente. Para dimensionar lo ocurrido, el nuevo Hospital de Media Agua costó 30 millones de pesos. Es decir que con lo pagado por expropiaciones, se pudo hacer casi un hospital y medio más. En la construcción del nuevo hospital de Pocito gastaron $22 millones, con lo que se pagó por la expropiación de un terreno de 1.400 metros cuadrados en la esquina de Matías Zavalla y San José se pudo levantar ese nosocomio y todavía quedaba plata. En las últimas semanas el Gobierno Provincial amplió los créditos para construcción de vivienda a $210.000 cada uno. Si esos más de $45 millones que fueron a parar a los bolsillos de dos o tres abogados por el caso expropiaciones se ponían a disposición de posibles adjudicatarios de préstamos, hoy unos 216.000 sanjuaninos tendrían casa. Es, nada más y nada menos, un poco más del tercio de los que hoy vivimos en San Juan o, puesto en otras dimensiones, se podría aventurar que la provincia se quedaba sin déficit habitacional.

La gente sabe

En diciembre de 2012 el 74,2% de los encuestados dijo estar enterado bastante o algo del tema expropiaciones. Hoy, esa cifra ascendió al 93,3% de los consultados. Casi se puede decir que todos los sanjuaninos están al tanto del caso. El cambio en las respuestas desde un sondeo al otro ¿tendrá que ver con los canales por donde se priorizó informar? "Seguramente" dijo un alto funcionario relacionado al tema que pidió reserva de fuente. De igual forma, la pregunta más categórica es sobre la credibilidad: "¿Cree que el caso se va a resolver en la Justicia?". En diciembre sólo el 20% dijo "Sí con seguridad", pero en marzo de este año contestó lo mismo el 64,9%. Es decir, 6 de cada 10 sanjuaninos creen que la investigación llegará a tener responsables. No es la gran mayoría, pero al menos más de la mitad ha observado algo que le hizo cambiar de opinión y eso, más allá de los millones en juego por el escándalo, es muy que importante.

El Gobierno provincial ha puesto varias fichas en esta cuestión y parece que están dispuestos a ir por todo el paquete. A pesar de esa decisión, hay funcionarios que no están tranquilos, que miran a su costado permanentemente porque sienten que al avanzar, su compañero de secundaria, de facultad o de militancia política podría trabarles el camino. Dicen que el equipo que está al tanto de los detalles y que sigue paso a paso las causas se reduce al fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, el abogado Rubén Pontoriero y dos o tres letrados más, ya que no confían en muchos otros. Una panfleteada agitó los ánimos entre viernes y sábado: "Queremos justicia, basta de abuso de poder, de jugar con la inocencia de la gente, todos apoyamos al dr. Carlos Machi". El juez Civil está en medio de un Jury y señalado en la causa. Los planfletos aparecieron en el estudio del hijo de De Sanctis, y en el estudio del abogado Pontoriero. ¿Quiénes son todos los que apoyan a Macchi? ¿Quién imprimió los papeles? Sabiendo o no, nadie lo dirá, ya que los abogados suelen actuar corporativamente, más que muchos otros profesionales. Por el bien de la credibilidad de Doña Rosa, esperemos que la causa continúe enviando buenas señales, a pesar de los nombres de los involucrados.