Nuestra provincia adhirió al nuevo operativo de desarme de la población civil, implementado por el Gobierno nacional, según los alcances de la ley 26216 que promueve la entrega voluntaria de armas de fuego en poder de personas que no tienen obligación de justificar la procedencia, ni tampoco identificarse, a cambio de una compensación económica.
El convenio suscrito por el Poder Ejecutivo provincial con el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, a través del Registro Nacional de Armas (Renar), busca bajar los niveles de uso y la proliferación de las armas de fuego en manos de civiles y a la vez reducir los accidentes por la manipulación de manos inexpertas, como también los hechos de violencia que se dirimen por este medio letal.
San Juan ya tuvo una experiencia positiva en la primera etapa del plan, que se puso en marcha en octubre de 2007, con la recolección de 610 armas de fuego de diferentes tipos y calibres, como también lo fue la campaña nacional que alcanzó a reunir 107.761 armas y 774.679 municiones, de acuerdo a la información del Renar. Ahora se espera una respuesta amplia de la gente, tanto por el pago de hasta 600 pesos por arma, que hará el Estado, sin exigir que quien la entregue la tenga registrada ni tampoco su procedencia, ya que es un canje anónimo, por el cual no se pedirá el DNI ni siquiera al momento de cobrar el dinero porque será en un cheque al portador. Por ello es importante que los interesados acudan a la convocatoria, a los lugares asignados para efectuar el operativo, con la seguridad de que harán un aporte significativo a la convivencia de una sociedad que merece vivir en paz. Las armas deben estar en poder de los organismos de seguridad, que deben protegernos por mandato constitucional.
Las armas de fuego livianas es un serio problema a nivel mundial y más crítico cuando la población se arma a medida que avanza la inseguridad, como es el caso de la Argentina, en la creencia de que es una forma de resguardarse, aunque las estadísticas dicen lo contrario. Es más, de 59.339 muertes vinculadas al uso de armas de fuego en el país, en el período entre 1990 y 2008, el 75% de los fallecimientos fueron motivados por discusiones de género, peleas, accidentes y suicidios.
Bajar los niveles de armamentismo civil, a través de este canje, es también una forma de garantizar de que miles de ellas no se sumen al mercado negro que nutre a la delincuencia.