La falta de mayores medidas de seguridad en los cementerios departamentales de nuestra provincia permite que a diario los delincuentes ingresen a estos camposantos en busca de elementos de bronce, cobre, u otros metales, con el fin de reducirlos en un mercado que hasta el momento es desconocido y no ha sido determinado por las fuerzas de seguridad o por las autoridades municipales o provinciales.

En la semana última, un grupo de hombres ingresó al cementerio municipal de Caucete arrasando con uno de los sectores de nichos, de donde desaparecieron floreros, recipientes, placas y marcos metálicos. En lo que va del año se trata del quinto robo denunciado por familiares y personal de limpieza de esa necrópolis. Afortunadamente, en esta ocasión los ladrones fueron capturados por la policía a poco de haber emprendido la retirada del lugar, lo que permitió recuperar la mayor parte de los elementos antes de que tuvieran la posibilidad de entregarlos a los reducidores.

Casos similares se registran a diario en otros cementerios de San Juan, tal es el caso de Albardón y también en el sector de nichos del cementerio de Rawson, en la parte antigua del de 9 de Julio y asimismo en el de Sarmiento, por citar algunos de los lugares donde se hicieron denuncias de robos y daños.

Los ilícitos que se cometen en los cementerios tienen una doble connotación ya que no sólo implican pérdidas materiales, en algunos casos de gran valor económico, sino que representan un ultraje a los sentimientos de las personas que tienen un ser querido o familiar sepultado en estos lugares. La sensación de falta de respeto y de avasallamiento es inevitable cada vez que se encuentra una tumba saqueada.

El hecho de que este accionar delictivo se concrete, especialmente, en horas de la noche también pone en evidencia la audacia de los delincuentes, a los que no les interesa incursionar en medio de la oscuridad en un sitio sagrado y misterioso en ciertos casos, por lo que por las noches se ha vedado la visita al público en general.

Las pérdidas que por años provoca esta actividad delictiva, de acuerdo a las denuncias, está calculada en varios cientos de miles de pesos, lo que tendría que llevar a que cada una de las administraciones implementen sistemas de seguridad más confiables, basados en la utilización de la última tecnología que se dispone para detectar el ingreso de intrusos y marginales.