Afortunadamente el Gobierno nacional decidió dar marcha atrás con la idea de modificar la alícuota del impuesto a los bienes personales, que impactaría en un amplio sector de población y no en determinados niveles de alto poder adquisitivo, como se dijo al trascender el proyecto en ciernes, luego archivado.

Este giro oportuno se da en momentos en que el peso de la presión impositiva ha llegado a límites insostenibles por el afán de las autoridades de buscar cualquier posibilidad de exprimir a los contribuyentes para cubrir el déficit del gasto público que crece a pasos gigantescos. Lo grave para la ciudadanía es el efecto multiplicador de la política fiscal, ya que en igual medida, o más todavía, las provincias y municipios del país hacen prevenciones presupuestarias para este año para cubrirse de la inflación a partir del cobro de mayores impuestos y contribuciones.

Se trata de exacciones impositivas históricas, propias de un Estado macrocefálico según los cálculos de estudios económicos independientes, comparando las variaciones en este mismo modelo de gobierno, a partir de 2003. Es así que en términos reales, ajustados por la inflación, una familia argentina está pagando impuestos por 40.000 pesos más que al comenzar la década de esta administración. En gran medida la escalada tributaria se da desde el IVA, que es uno de más elevados del mundo, hasta la serie de impuestos de emergencia que no terminan nunca y además, en muchos casos, se superponen en distintas jurisdicciones.

En nuestra provincia se dan casos de tributos especiales que en su momento tuvieron una lógica por emergencias sociales, como los aportes al Lote Hogar y al Fondo Solidario Hospitalario, entre otros que lejos de ser circunstanciales no tener fin.

Los ajustes de los valores impositivos se plantean en función del desfasaje inflacionario, de acuerdo a los mensajes que acompañan a los proyectos de actualización del año fiscal, lo cual es aceptable porque los mayores costos en obras y servicios deben tener la contrapartida de los recursos que demandan los gastos del Estado.

Pero este ajuste necesario no se aplica en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, que con los nuevos convenios laborales alcanzará a un mayor número de asalariados y jubilados. Este impuesto debería ser actualizado en forma automática, de acuerdo a las variables inflacionarias y con intervención del Congreso mediante una ley, y no como una concesión graciosa en respuesta a las protestas de los afectados.