El sistema carcelario argentino, tal cual se encuentra hoy, no conforma y por ello genera serios cuestionamientos. Quizás la cárcel no sea tan dura como en el pasado y hoy luzca menos brutal y hasta más segura, según lo observan quienes viven fuera de ella. Pero no menos cierto es que desentenderse de lo que pasa en el interior de las prisiones es un verdadero suicidio social, lo que obliga a adoptar medidas de fondo.

La reciente denuncia sobre las aberrantes torturas infligidas por efectivos de la Policía de Salta a dos jóvenes detenidos, las que fueron filmadas clandestinamente para su posterior difusión en Internet, produjeron una avalancha de condenas y la posterior detención de seis miembros de la policía salteña presuntamente involucrados en los hechos. Pero también debería obligar a la sociedad y a las autoridades, no sólo a las de Salta, a plantearse por qué estas prácticas no han sido aún desterradas de las fuerzas de seguridad.

Lo cierto es que se sigue practicando la tortura en las cárceles y las comisarías argentinas. Es la conclusión a la que han llegado en repetidas ocasiones tanto las organizaciones de derechos humanos como las delegaciones de la ONU o de la Organización de Estados Americanos (OEA). Pero sólo alcanzan notoriedad mediática cuando una víctima muere o cuando se publican fotografías o vídeos. Sin embargo, diferentes investigaciones ofrecen indicios de que los malos tratos en los centros de detención constituyen un problema estructural que va más allá de la anécdota siniestra.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) registró 155 casos de tortura y malos tratos apenas entre junio y agosto de 2011. El 57,5% de los casos no fue denunciado por la vía penal. Argentina ha ratificado desde los años 80 diferentes convenciones internacionales para la prevención y sanción de la tortura. En la última década, la tasa de encarcelamiento subió un 56%, sin que esto se reflejara en un aumento paralelo de la inversión en prisiones.

Con 59.337 personas encarceladas a fines de 2010, Argentina ostenta un ratio de 146 detenidos por cada 100.000 habitantes, lo que coloca al país en el puesto 30, entre 220, ubicándolo como uno de los países con mayor cantidad de presos. La tortura degrada a la sociedad que la aprueba o la consiente y, peor aun, no la condena severamente.

La lucha contra la constante y creciente inseguridad que padecemos debe incluir inexorablemente buscar rechazar esta aberrante acción en todos los ámbitos.