El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, se está encuadrando en la fila de presidentes latinoamericanos, como el uruguayo José Mujica, que en los últimos tiempos está arremetiendo contra los medios de comunicación y periodistas, como un mecanismo de defensa para evadir los problemas del país que son de su responsabilidad.
Más allá de sus encendidas acusaciones contra medios y propietarios y amenazas de que en Honduras se necesita una "democratización” de la comunicación, Lobo viene insistiendo últimamente que las "malas” noticias y las de carácter sangriento sólo sirven al interés comercial de los medios, mientras le hacen mala publicidad al país espantando inversiones extranjeras y al turismo internacional y generando un estado de situación que no se corresponde con las condiciones en la que transcurre la vida en Honduras.
Como sucedió en Uruguay, también en Ecuador, Bolivia, Venezuela y en parte en Argentina, Lobo ha enfocado sus ataques sobre el contenido de violencia en los medios, pero con el fin último de justificar algún tipo de ley de prensa para disciplinar a aquellos que no acuerdan con el gobierno algún tipo de conducta periodística conveniente.
Al ojo del ciudadano promedio, la estrategia funciona. El gobierno acusa a los medios de generar un clima de violencia que perjudica los altos intereses del país y desvía la atención sobre el problema de la inseguridad pública, la corrupción general y policial, la debilidad de la justicia y de las instituciones del Estado, acciones todas que caben bajo su órbita de responsabilidad.
Pero lo que en realidad se pierde de vista es el peligroso fin del gobierno para censurar todo aquello que le perjudique o señale sus irresponsabilidades y negligencias, unas maniobra que se ha hecho común en varios estados lationamericanos por parte de un poder que busca consolidarse y perpetuarse.
No es verdad que haya arreglos entre gobiernos y medios sobre el tema de la violencia, sí en cambio que en algunos casos gobiernos y medios se sientan a la mesa para generar mecanismos de autorregulación, nunca para tapar noticias, sino para cambiar la forma de presentación.
Aún en ese tipo de escenarios, el problema es que muchos gobiernos, como sucedió en Venezuela y Ecuador más recientemente, comienzan con exigir nuevos reglamentos de horarios de protección al menor, que luego terminan justificando leyes de prensa para controlar y censurar.
El gobierno del uruguayo Mujica viene insistiendo desde que asumió la presidencia que son los medios los que han generado el clima de inseguridad en el país, dejando de lado la reales causas de este problema que se está generalizando en varios países lationamericanos; mientras los ministros son los que exigen una ley de prensa que le diga a los medios qué no pueden publicar, contraviniendo lo establecido en la Constitución en materia de censura previa.
La situación de Honduras está vinculada a la inseguridad pública generada por la acción de pandilleros involucrados en el narcotráfico. Según los últimos registros hay más de 4.000 pandilleros que tienen atemorizada a la población con un accionar que abarca distintos sectores de la comunidad. El Presidente hondureño pretende que no se difundan informaciones referidas a esta situación que está llevando al país a un estado de conmoción, que se pretende disimular.
Siempre será importante que los medios de comunicación manejen rigurosos estándares éticos para minimizar el impacto de la violencia, pero muy distinto es cuando se quieren imponer esos mecanismos mediante leyes de prensa, que terminan siendo mecanismos del gobierno para tapar la realidad.
LOBO HA ENFOCADO sus ataques sobre el contenido de violencia en los medios, pero con el fin último de justificar algún tipo de ley de prensa para disciplinar a aquellos que no acuerdan con el gobierno una conducta periodística conveniente.