Estamos en el Mes del Medio Ambiente, con variadas celebraciones y trabajos destinados a mejorar el castigado entorno ecológico, pero nada se ha dicho del estado de la cuenca Matanza-Riachuelo, el curso de agua superficial más contaminado del país -y uno de los mayores del mundo- donde conviven más de tres millones de personas entre la basura, el hacinamiento y la falta de agua potable.
Ni las autoridades del ente creado para sanear la zona, ni los políticos y menos los ambientalistas ideológicos, han recordado el Día del Medio Ambiente mirando ese entorno metropolitano con el énfasis alarmista que proclaman ante la minería. Lo único nuevo es la aprobación de la Legislatura porteña para la construcción de un nuevo puente entre la Ciudad Autónoma y Avellaneda, un proyecto controvertido y paralizado por la Justicia, ya que la obra removerá barros tóxicos del fondo del río, altamente contaminantes con hidrocarburos, plomo, cromo, mercurio y cadmio, muy perjudiciales para la salud.
La realidad de esta gigantesca cloaca a cielo abierto es que a seis años del fallo de la Corte Suprema de Justicia ordenando a los Gobiernos nacional, porteño y bonaerense ejecutar la limpieza integral de la cuenca, sólo siguen vigentes el saneamiento de las márgenes en la Capital y en algunos tramos de la costa del lado de la provincia. Y con significativo retraso se realizan las relocalizaciones de población, el diagnóstico de las personas contaminadas, y las discontinuas mediciones de contaminación.
Si bien a partir de la sentencia histórica de la Corte se pusieron en marcha algunas acciones y programas de gobierno para revertir un estado de conflictividad, vulneración de derechos y población en riesgo, a lo largo de los 14 municipios de la zona y se logró el financiamiento del Banco Mundial por 840 millones de dólares para las obras de infraestructura que impidan verter líquidos cloacales, basura y residuos industriales, la inercia es irritante. Ni siquiera avanza la licitación, ya adjudicada, para usar el préstamo, porque las empresas piden el mismo trato que tuvo YPF con Chevron respecto del manejo de divisas. Menos se pudo implementar una política integral para la gestión de residuos en toda la cuenca y elaborar un plan de reurbanización de villas y asentamientos donde están los pobladores más desamparados.