Cuando la Argentina se encamina a celebrar el bicentenario de su basamento republicano, la realidad nos muestra que existe una igualdad de derechos, pero no de oportunidades en materia de educación pública. La brecha entre las zonas urbanizadas y los lugares más apartados del ámbito rural se hace cada vez más grande.

La falta de acceso a la educación excluye y expulsa a los jóvenes en varias regiones del país, impidiendo el desarrollo comunitario. El 90% de la población ya es urbana, y se estima que en los próximos 30 años, el 50% vivirá concentrada en las principales provincias, en búsqueda de mejores condiciones.

Según la Fundación Red de Comunidades Rurales, que recaba información sobre la situación educativa y social en los parajes, comunidades y pequeños pueblos rurales de nuestro país, los jóvenes de las regiones Noroeste y Este son los más perjudicados, porque se encuentran ante un panorama preocupante.

El estudio sostiene que un importante obstáculo para el desarrollo de las comunidades rurales es su aislamiento geográfico. Este relevamiento señala, por ejemplo, la falta de medios que comuniquen a las escuelas rurales más apartadas: uno de cada cinco establecimientos no dispone de ninguna forma de comunicación y muchas otras sólo utilizan medios precarios.

Además, los resultados muestran que los principales factores por los cuales los jóvenes no asisten a clase, resultan ser la falta de calzado (45%) y la necesidad de trabajar en el campo (44%). También hay déficit de recursos humanos. Pocos docentes tienen especialización: menos de la mitad de maestros en informática recibieron capacitación, y sólo una minoría de las escuelas con alumnos de comunidades aborígenes cuentan con docentes formados en educación intercultural bilingüe.

Si bien en nuestra provincia la situación no llega a esos extremos, los jóvenes de las zonas más alejadas no están exentos de la pobreza, la exclusión y la escasa capacidad de las escuelas para contener al alumnado, fuera de los problemas socioeconómicos que obligan a niños y jóvenes a trabajar.

Es imprescindible que las autoridades centren su atención en las zonas más vulnerables para favorecer la equidad educativa y económica, transformando los derechos constitucionales en una realidad palpable.