La presidenta de la Nación no ha ocultado su preocupación por los planteos sindicales cuando se avecinan conflictivas discusiones paritarias para la actualización de los salarios que, por desmedidos -reclaman aumentos de hasta el 35%-, implican avivar las llamas de la inflación, la vez que en el empresariado cunde la alarma por un desborde que puede llegar a ser caótico.

Cristina Fernández, con la cautela que impone un año político frente a un tema tan sensible, ha pedido sector laboral "equilibrio y racionalidad" en sus pretensiones y ha exhortado a las empresas que la rentabilidad no se logre por vía de los precios sino con productividad e inversión.

Por otra parte, las cúpulas sindicales temen que gran parte de las mejoras salariales que puedan lograr en las próximas convenciones paritarias se licúen en el acto, si el Gobierno nacional no se sube el piso del mínimo no imponible. Es que, en definitiva, alegan que tales aumentos terminarán engordando el impuesto a las ganancias. En las exigencias para imponer esta actualización fiscal, han hecho causa común la CGT oficialista, la CGT Azul y Blanca y las dos CTA y en esta instancia hasta Hugo Moyano se siente acorralado porque hay amenazas de paros inminentes, caso del sector docente.

Pero el equilibrio y la racionalidad que pide la presidenta también debe ser de puertas para adentro de su propio gobierno. Si existen desequilibrios, estos se originan en problemas que el kirchnerismo viene soslayando desde hace años, como el aumento del gasto público improductivo, en la subestimación de la inflación y de la inseguridad, sin más lejos de calificar de "reacomodamiento" y "dispersión" de precios, o de "sensación" para el último caso.

La racionalidad política, atendiendo el bien común, es la primera que debe exhibir un país ordenado, sin manipular las estadísticas que monitorean la marcha de la economía y miden objetivamente el crecimiento. Sobre los informes del INDEC nunca se podría llegar a un equilibrado pacto social y jamás alcanzar una negociación salarial razonable, como pide la presidenta. Tampoco se puede lograr un entendimiento si los funcionarios buscan culpables saliendo de cacería con la Ley de Abastecimiento.

La solución es producir más, disminuir el desempleo, generar inversiones y atraer a capitales externos.