Los atentados terroristas del 21 de septiembre de 2001, marcaron un quiebre definitivo en el culto a la libertad que enorgullecía a los Estados Unidos. Desde entonces la sociedad estadounidense viene perdiendo lo que percibía como derechos republicanos inalienables y todo indica que las garantías individuales son vulneradas y condicionadas en nombre de la seguridad nacional.
Un diario británico reveló un documento secreto del gobierno de Barack Obama -avalado por la Justicia-, que ordena a la principal compañía telefónica suministrar un registro diario de las comunicaciones de millones de usuarios, internas y fuera del país, de manera indiscriminada y sin tener en cuenta si los millones de abonados han cometido algún delito. La Corte Extranjera de Vigilancia de Inteligencia, un tribunal secreto, fue quien emitió la orden solicitada por el FBI, según la norma a la que tuvo acceso The Guardian, para obtener números telefónicos, lugar de la llamada y su duración.
Este espionaje masivo agrava la práctica de George W. Bush, que si bien recopilaba datos reservados, lo hacía sobre determinadas personas sospechadas de terroristas. El actual espionaje se suma al descubierto el mes pasado sobre los teléfonos de periodistas y de redacciones de medios, para identificar las fuentes informativas que incomodan al gobierno.
Tras revelarse este espionaje colectivo, que tendría unos meses de duración, funcionarios de la Casa Blanca lo justificaron, extraoficialmente, por considerarlo una "’herramienta crítica” en el combate al terrorismo, aunque se negaron a responder si el seguimiento es el único y no se aplica en otras forma al ritmo de vida de libertad condicional que cubre a todas las actividades en EEUU.