La creciente inseguridad que golpea al país ha llevado a la población a extremar las precauciones para no ser víctima del delito, en tanto las autoridades han respondido al clamor de la ciudadanía con sistemas de protección de robos y asaltos, para atender una emergencia o como evidencia contundente para la Justicia.
Sin embargo ocurren hechos inexplicables contra la propiedad privada y las personas en lugares céntricos, rodeados de alarmas y cámaras de seguridad, elementos de alerta inmediata al personal policial y de vigilancia privada que supuestamente se encuentra en las inmediaciones. Un caso concreto de robo, en medio de los auxiliares electrónicos, ocurrió la semana pasada en la cuadra de calle Mitre, entre Mendoza y Entre Ríos, donde en plena madrugada fueron desvalijadas unas oficinas por ladrones que actuaron con absoluta impunidad a pesar de la alarma. A metros de allí hay dos cámaras de seguridad que cubren la cuadra y al lado de la firma afectada funciona una dependencia del Estado nacional que tiene consigna policial.
Este contexto de fallas encadenadas, por acción u omisión, revela que ningún sistema preventivo contra el delito es efectivo si los encargados de controlarlo no actúan en consecuencia. No basta instalar una cámara si nadie está atento frente a un monitor, o no atiende a una alarma activada para que la policía actúe de inmediato. Además, tras los ataques, las cámaras deberían aportar pruebas para resolver rápidamente los ilícitos: las imágenes son evidencias contundentes, pero en nuestro medio nada de esto ocurre con el rigor esperado por la ciudadanía.
Si bien la tecnología es una ayuda, no una solución contra el delito, las autoridades deben aprovechar convenientemente este aporte a la vigilancia urbana, como lo ha implementado el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con buenos resultados. Las calles porteñas ya cuentan con casi mil cámaras de seguridad y se duplicarán para fin de año, las que ya dieron pruebas a más de 2.000 causas judiciales. Otro tanto ocurre en el Gran Buenos Aires, donde por este medio también se controlan los servicios urbanos, los movimientos de sujetos sospechosos, y son vitales frente a un accidente u otras emergencias.
Una videocámara, mientras se utiliza en la vía pública y se advierte de su presencia, no viola el derecho a la intimidad protegido por la Constitución y las leyes, por lo tanto su legitimidad es irreprochable. Lo importante es que cumpla su cometido, pero ningún artefacto es efectivo sin el accionar humano.