Quiero señalar mi total coincidencia con los planteos expuestos oportunamente por el actual Diputado del Peronismo Federal Lic. Eduardo Amadeo, que sirven de marco doctrinario a las acciones que promueven quienes están interesados en dar respuestas positivas a las diferentes necesidades del campo de las adicciones. Por mi parte quiero mostrar algunas salidas tanto al quietismo imperante en el terreno como a la detección de los perjuicios y la búsqueda de soluciones efectivas.
Cumple ya más de un año la aprobación por parte del Congreso Nacional de la Ley de Prevención Educativa Ley 26.586 que fue gestionada y apoyada por el Episcopado Nacional y por un conjunto de actores sociales significativos. Sin embargo el Ministerio de Educación, natural efector del mandato legal, no se ha visto impelido a cumplir con la reglamentación y aplicación de la ley votada sino que por el contrario ha emitido un documento dirigido a los docentes que es refrendado por el Ministro Sileoni. El mismo se basa en una distorsión conceptual que en varios países causó serios problemas, ya que introduce el concepto de consumo no problemático de drogas. Se trata de un error sin fundamento, que induce a padres, docentes y eventuales usuarios a no evaluar correctamente la situación real que se debe basar en que no hay uso recreativo de drogas.
Es obvio que las reuniones previas a la concurrencia a discotecas han llegado a causar situaciones fatales. Se marcó esto en el reciente Congreso de Políticas Públicas de Adicciones que organizó en noviembre último el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Academia de Medicina. Ahí las estimaciones sobre el llamado consumo recreativo fueron duramente cuestionadas por panelistas y el público en general.
Es que mal se puede hacer frente a una epidemia desconociendo su gravedad y sus consecuencias que hoy encuentra un país debilitado en sus acciones preventivas y asistenciales.
A nuestro país se le reconoció siempre en los encuentros internacionales (OEA, ONU, Mercosur) la sensatez de haber avanzado en la creación de un centro de gestión de políticas que ha sido imitadas por todos los países: la Sedronar. En contraposición el mismo país ejercita hoy una desatención financiera hacia esa Secretaría y le superpone una Comisión Asesora innecesaria. Que la constitución de tal Comisión es de dudoso fundamento lo demuestra la ausencia de funcionarios de Salud, de Educación y de Desarrollo Social, la no convocatoria a las ONGs que trabajan en las áreas de prevención, tratamiento y capacitación, y la competencia con la Sedronar que depende de la Presidencia de la Nación.
Muchos expertos en el tema atribuyen este dislate al propósito de desarmar lo que se ha avanzado en el tema.
Apuntemos al desarrollo de mejores políticas, estrategias y acciones consensuadas y evitemos los debates estériles que hacen del consumo una ideología, cuando puede ser todo menos eso. Esto permitirá avanzar en el logro de políticas de Estado que se extiendan en el tiempo para poder ser evaluadas y que hagan de la prevención integral, del tratamiento eficaz y universal, del control efectivo del lavado de dinero, del control de los precursores químicos, de la capacitación global de profesionales, fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas y técnicos, los baluartes de una recuperación.
Considero que las medidas convocantes y definitorias que se orientan a promover el interés nacional en el cuidado de la comunidad, por ejemplo la Ley de Prevención Educativa 26.586 necesita ser reglamentada y aplicada por el Poder Ejecutivo en el curso de los próximos meses, para extender su accionar a todos los niveles educativos del país. Esto requiere una capacitación de equipos que a su vez formen docentes capaces de transmitir las áreas de determinación del fenómeno desde la base orgánica, lo psicológico, lo espiritual y los valores sociales de solidaridad.
Cada Escuela, cada ámbito educativo, debe constituir un centro de detección y derivación pronta de problemas adictivos. La capacitación tiene un complemento necesario que es un mejor conocimiento de la realidad social, de las formas en que se da el fenómeno. Esto implica un conjunto de visitas a diferentes realidades sociales, visitas a programas terapéuticos, contacto con ONGs que realicen prevención y tratamiento y en especial con los grupos de sacerdotes villeros de amplia experiencia en el tema. Por otra parte, la Sedronar debe volver a ocupar el lugar central que nunca debió perder.
Una Nación que permite desbordes de abuso de drogas sin reaccionar a tiempo puede fácilmente hipotecar su futuro, por debilitar sus capacidades físicas, psíquicas y espirituales. La gestión política en todos los niveles debe reaccionar a este desafío en forma coordinada y eficaz.