Los nicaragüenses, disidentes del sandinismo, eligieron el último 26 de febrero. Ese día, el presidente Daniel Ortega fue ungido por un congreso partidario como candidato presidencial para las elecciones de noviembre, ignorando a la Constitución, que limita a dos períodos el mandato.



Ortega, en su segunda etapa, construyó una "justicia revolucionaria''. Por eso, la Corte Suprema, con mayoría de jueces leales, declaró inaplicable un artículo constitucional que prohíbe la reelección indefinida, allanándole la vía de eternizarse en el poder. Otro "día de la vergüenza'' se estuvo gestando en Argentina, cuando allegados al poder abogaron por una reforma constitucional que permitiera una "Cristina eterna''. Si bien la presidenta Kirchner despreció el anuncio, se entendió que fue un globo de ensayo para medir reacciones. Pero las posibilidades son irreales; no porque la idea sea ajena al oficialismo, sino porque la Constitución argentina de 1994 es firme y difícil de romper. Se gestó tras un pacto político plural y con fuertes consensos, que la blindaron con controles morales y jurídicos para que no pueda ser fácilmente manipulada. Ese blindaje no lo tienen otras jóvenes constituciones latinoamericanas, que nacieron como efecto de venganzas partidarias más que de acuerdos políticos, por lo que están atadas al tiempo que dure el gobierno que las engendró.

La de Venezuela tiene ese destino, durará lo que la presidencia de Hugo Chávez, igual que las de Ecuador de 2008 y de Bolivia de 2009, que nacieron en momentos que los gobernantes usaron su popularidad para evitar acuerdos políticos. Chávez redactó la Constitución en 1999, pero la reformó en 2009 para permitirse la reelección indefinida. Y aunque la defiende a ultranza, es el jefe de Estado que más veces la quebró. La última desvergonzada fue en diciembre, cuando logró que se le extienda una ley que por 18 meses le permite legislar y gobernar sin Congreso y a su antojo, lo que reduce a nada cualquier principio de la ley suprema.

Así como Chávez, el ecuatoriano Rafael Correa también hizo las reglas para forzarlas. El 16 de febrero logró que la Corte Constitucional autorice una consulta popular para alcanzar leyes que su partido en el Congreso no pudo negociar. Pedirá a la población que le faculte imponer trabas para que bancos y dueños de medios no puedan tener otras empresas, para regular el contenido de los medios y para tener la potestad de nombrar más jueces dentro de una reforma judicial. Así, destruirá la libertad de prensa, de empresa y la separación de poderes, principios que manda la Constitución.

No hay ejemplo saludable en materia democrática cuando alguien rompe las reglas o quiere el poder para siempre, aunque lo consiga por los votos. Ideologías aparte, así sea Ortega, como también lo persiguió el peruano Alberto Fujimori, lo pensó el colombiano Alvaro Uribe y le obsesionó al hondureño Manuel Zelaya, la reelección indefinida termina siendo, tarde o temprano, el descontrol de los poderes.