El Gobierno de la provincia de Mendoza está muy preocupado por la medida adoptada por la Corte de Justicia de esa provincia, que ha ordenado al Ministerio Público revisar la situación de un grupo de procesados sin sentencia, en respuesta un ‘hábeas corpus’ presentado por organizaciones y abogados vinculados a los Derechos Humanos. Entre otros puntos el fallo ordena que se regularice en un plazo no mayor a 60 días la situación procesal de los detenidos en las cárceles de esa provincia sin orden de un juez. También limita las prisiones preventivas que deben ser dictadas como última opción, y establece que los fiscales están obligados a informar cada detención en el término de 24 horas a un juez de garantías, quien a su vez tendrá que resolver, en el mismo plazo, si esa persona sigue presa o es liberada.

La sospecha del Gobierno de Mendoza de que detrás de este fallo hay un interés político se debe a dos motivos: De disponerse la liberación de 800 personas que se encuentran detenidas sin sentencia complica todo el sistema judicial y carcelario, a poco de haber asumido la gobernación el radical Alfredo Cornejo. Por otra parte, la resolución judicial está firmada por el ministro de la Corte, Omar Palermo, miembro de la agrupación kirchnerista ‘Justicia Legítima”.

La preocupación del gobierno provincial, la comparten desde la Nación la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y otros funcionarios del área, quienes inmediatamente se comunicaron con el gobernador Cornejo y su ministro de Seguridad, Gianni Venier, con el objeto de elaborar una estrategia para que la Corte Suprema de Justicia no implemente este fallo dictando una acordada de suspensión o prórroga.

Las organizaciones de Derechos Humanos que presentaron el ‘hábeas corpus’ defienden el fallo y rechazan las críticas señalando que esta decisión de la Justicia en nada afecta al Poder Ejecutivo. Sin embargo es innegable que esta medida constituye un serio riesgo para la población. Además de justificar plenamente los dichos del ministro de Seguridad mendocino quien sostiene que de aplicarse el fallo, Mendoza será el paraíso para el que comete delito, en relación a la jurisprudencia que puede dejar sentada esta medida.