En las dos últimas décadas, en Argentina, la escuela y políticas sobre educación se constituyeron como problema y desafío en un escenario confrontante, donde pocos cambios ocurrieron y los resultados son pobres e insuficientes para crear políticas verdaderas (Bianchi Bustos, 2003).

El hecho es que no se trata de que la escuela sirva para dar solución a los problemas sociales, económicos y de salud. Los sistemas educativos deben promover oportunidades sociales para que las personas elijan libremente, deban llevar a que cada sujeto explote al máximo sus potenciales y talentos, y generen en ellos una actitud de elección responsable. Se generaría de esta forma una suerte de campo de lucha entre conservar el orden social y la búsqueda del más justo y adecuado ámbito de escolarización para la comunidad involucrada. Esto lleva a la confrontación también de dos modelos, el excluyente y autoritario contra el incluyente y democrático. Sin embargo, este último que parecería el más adecuado ha adolecido en estas dos últimas décadas de la falta de ideas claras y la falta de discusión pública.

Dos momentos históricos ocurrieron en la Argentina en las dos últimas décadas. En los años "80, ocurrió un desmantelamiento del sistema educativo existente, y en los "90 hubo una recuperación de los espacios educativos, en un clima democrático para comenzar a evaluar posibilidades y resultados.

Los 5 desafíos para lograr políticas en educación, que son de difícil solución, podrían contemplar: tener en cuenta la segregación socioeconómica de la comunidad, el fortalecimiento de la formación de los docentes en las escuelas, la elaboración de programas de estudios bien estructurados, la articulación de los diferentes niveles educativos y la eliminación de contenidos poco relevantes para lo que demanda la formación en este mundo globalizado (Reimers, 2002).

Sin embargo, un cambio en el sistema educativo, es esencial que se inserte en la discusión pública, enfrentando la inercia de los organismos de educación y las culturas institucionales instaladas. Esto significa hacer frente a las prácticas feudales patrimonialistas y a la limitación al acceso a la información para poder avanzar al entendimiento de las causas para posibilitar la elaboración de soluciones.

Las principales normas que han regido el sistema educativo en Argentina desde la década del 90 han sido la Ley Federal de Educación (LEF) de 1994 y la Ley de Educación Nacional (LEN), de 2006. La primera tuvo sus críticas principalmente por el escaso diagnóstico y ausencia de consenso en su formulación, lo que explica el fracaso de la implementación. Sin embargo, esta ley tuvo en cuenta las cláusulas de desarrollo humano que incluyeron entre otros a: la consolidación de la unión nacional, la organización del sistema educativo según las particularidades geográficas, la participación de las familias en la escolarización, la educación de aborígenes en diferentes lenguas, la educación del medio ambiente, etc.

Por otro lugar, la LEN, se elaboró teniendo en cuenta un sistema educativo común y equivalente para todos los alumnos, la formación continua de los docentes, la participación de la familia, la incorporación a los currículos de contenidos sobre diversidad cultural, igualdad y solidaridad social y respeto entre los sexos, etc.

El gran cuestionamiento de la ley vigente de educación se encuentra en que: cuenta con pocas normas jurídicas, desde lo pedagógico se confunden términos y no existe un criterio común en su redacción en cuanto a los espacios que involucra la descripción de los diferentes niveles educativos (Nosiglia, 2007).