El viernes último se cumplieron cuatro años desde que el Gobierno de Colombia y las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron el acuerdo que establecía las bases de las negociaciones de paz que se han desarrollado desde entonces en La Habana con observadores internacionales. Al superarse el apartado de justicia y acordado el cese bilateral del fuego con el final de la guerra, faltaban las condiciones de la amnistía de los guerrilleros, su futura participación en política y cómo sería la reincorporación a la vida civil.

Con la premisa de alcanzar un lugar en la historia como protagonista de la última confrontación de la Guerra Fría, el presidente Juan Manuel Santos apremió a su equipo negociador para que destrabase esos puntos y lograr un acuerdo definitivo lo más pronto posible, al que llegó tras intensas jornadas de trabajo. Santos necesitaba el acuerdo definitivo para llevarlo al Congreso y poder convocar el referéndum, anunciado para el 2 de octubre próximo, antes del tratamiento parlamentario de las reformas tributarias rechazadas por la oposición.

Las FARC, por su parte, llevarán el acuerdo final a un congreso interno, conocido como Décima Conferencia, en la que las bases guerrilleras darán el visto bueno a lo negociado en Cuba desde 2012. Este acto, cuya logística están preparando los combatientes, se celebraría en las próximas semanas y contará con la presencia de un millar de miembros de la organización. Será entonces cuando la guerrilla más antigua de América latina proclamará que renuncia al alzamiento armado para iniciar la transición hacia un movimiento político.

Si bien el arreglo definitivo para sellar la paz tiene trascendencia mundial, todavía no está dicha la última palabra, sumando más suspenso a la incertidumbre que acompaña al proceso. Es que hace cuatro años se pensó que la negociación con la narcoguerrilla duraría pocos meses, sin pensar la complejidad del espinoso tema. Además, el hermetismo en que se manejó todo motivó la indiferencia de la ciudadanía colombiana, que debe poner la rúbrica mediante una consulta popular.

En otras palabras, que hayan concluido las negociaciones no significa que el acuerdo se vaya a firmar aún. La rúbrica que Santos prevé realizar antes del plebiscito, en un acto multitudinario con la presencia de jefes de Estado, busca dar un impulso al ‘SI’ en las urnas. Pero nadie atina a aclarar qué ocurrirá si el pueblo decide no apoyar la paz o no alcanzan los votos necesarios: el 13% del electorado.